Inconformes, así dicen sentirse las madres cabezas de hogar que trabajan en la plazoleta de comidas del Mercado Público de Santa Marta al manifestar que tienen que pagar una cuota de 30.000 pesos diarios en los locales en donde fueron reubicadas en el gobierno de Rafael Martínez.
Cabe recordar que en su momento, esta reubicación se dio con la condición de pagar por los servicios públicos y no el local, por lo que hoy se sienten traicionados ante la presión de un pago mensual por su permanencia en los locales.