La funcionaria de la Defensoría del Pueblo regional Pacífico, Mónica Andrea Bravo Bermúdez, enfrenta cargos de secuestro simple agravado, amenazas y torturas, en los que resultaron víctimas tres trabajadores suyos, entre ellos dos extranjeros.
Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Buenaventura (Valle del Cauca), le impuso medida de aseguramiento con detención preventiva de la libertad en establecimiento carcelario, tras considerar que representa un peligro para la sociedad.
Los hechos por los que la funcionaria está siendo investigada datan del 31 de enero de este año, cuando según la denuncia que le instauraron contrató a dos delincuentes de una llamada ‘oficina de cobro’ de Cali, para recuperar 40 millones de pesos que desconocidos le robaron en su residencia.