El Gobierno Nacional incluyó dentro de la Ley de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción, nuevas normas con el fin de fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el país.
En este sentido, fue extendida a 10 años la inhabilidad por “Haber sido objeto de incumplimiento contractual o de imposición de dos (2) o más multas, con una o varias entidades, cuando se trate de contratos cuyo objeto esté relacionado con el Programa de Alimentación Escolar…”.
Asimismo, y con la firme intención de que el PAE opere con eficiencia y durante todo el calendario escolar, en el Artículo 52 se estableció que las entidades estatales al celebrar un contrato de alimentación escolar, incluyan las cláusulas excepcionales de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad de los contratos, las cuales, en todo caso se entenderán pactadas aun cuando no se hayan consignado de forma expresa en la minuta contractual.
La ministra de Educación, María Victoria Angulo, aseguró que “gracias a esto, se asegura que ante incumplimientos y en caso de presentarse la caducidad, los recursos se liberen para dar continuidad en la prestación del servicio y no afectar a los niños y jóvenes beneficiarios y adicionalmente que los proveedores sujetos a la imposición de esta medida sean inhabilitados para celebrar este tipo de contratos con otras entidades estatales”.
“Esta Ley ordena al Gobierno, los distritos, departamentos y municipios respetar los principios de planeación presupuestal y los criterios de sostenibilidad fiscal contenidos en el ordenamiento jurídico colombiano, para asegurar la disponibilidad de recursos por períodos iguales o superiores al calendario académico”, agregó la ministra de Educación.