Los problemas con las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) continúan afectando a los usuarios, quienes denuncian que sus derechos a la atención médica están siendo vulnerados de manera sistemática. En esta ocasión, la EPS Sanitas vuelve a estar en el ojo del huracán tras un fallo emitido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Santa Marta, que ordenó dos días de arresto y una multa económica contra dos de sus directivas.
Las sancionadas son Claudia Patricia Aguilera, en su rol de Directora de Oficina, y Mary Luz Peñaranda, en su función de Directora de Aseguramiento de la EPS Sanitas S.A.S. Ambas funcionarias fueron declaradas en desacato, tras incumplir una orden judicial emitida el 1 de octubre de 2024, en la que se les exigía garantizar la prestación de servicios de salud a los afiliados.
A pesar de que las EPS están obligadas a garantizar el acceso oportuno a la atención médica, los usuarios han manifestado su indignación al considerar que Sanitas ha hecho caso omiso a múltiples fallos judiciales que ordenan la prestación de servicios de salud. La medida impuesta por el juzgado establece que cada funcionaria deberá cumplir dos días de arresto y asumir una multa equivalente a un salario mínimo mensual, es decir, $1’423.500 pesos.
Esta decisión judicial refleja la creciente preocupación de las autoridades por el incumplimiento de las EPS y las reiteradas denuncias de los pacientes, quienes enfrentan largas esperas, negación de servicios y una atención deficiente. Se espera que este fallo sirva como precedente para que otras entidades del sistema de salud cumplan con sus obligaciones y respeten los derechos de los usuarios.
