Colombia enfrenta una escalada de violencia en varias regiones del país, con el departamento del Cauca y la región del Catatumbo como los principales epicentros de la crisis. Enfrentamientos entre grupos armados ilegales, secuestros masivos, desplazamientos forzados y un creciente deterioro de la seguridad han puesto en alerta tanto al gobierno como a la población civil. Las acciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las FARC han sembrado el caos en estas zonas, mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro lucha por contener la situación.
El conflicto en el Catatumbo: una guerra sin tregua
Desde enero de 2025, la región del Catatumbo, en Norte de Santander, ha sido escenario de intensos combates entre el ELN y las disidencias de las FARC, dos de los grupos armados más poderosos de Colombia. Estas disputas territoriales han obligado a más de 19.800 personas a abandonar sus hogares, con 11.000 desplazados refugiándose en Cúcuta. La población civil se encuentra en medio del fuego cruzado, sufriendo bloqueos en carreteras, atentados con explosivos y amenazas constantes.
El presidente Gustavo Petro, ante la escalada de violencia, declaró el estado de emergencia en la región el 20 de enero y ordenó la suspensión de los diálogos de paz con el ELN. Sin embargo, la medida no ha logrado frenar el conflicto. El ELN sigue atacando estructuras del Estado y controlando el narcotráfico en la región, mientras que las disidencias han incrementado su presencia, con combates que se extienden hasta la frontera con Venezuela.
El secuestro masivo en el Cauca: una advertencia de los grupos armados
El 6 de marzo de 2025, el frente Carlos Patiño, una disidencia de las FARC, secuestró a 29 miembros de la Fuerza Pública en el corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca. Entre los retenidos había 27 policías y 2 militares, quienes fueron liberados un día después tras negociaciones con la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, la Iglesia y la ONU. A pesar de su liberación, este hecho evidencia la grave crisis de seguridad que enfrenta la región y la impunidad con la que actúan estos grupos armados.
El Cauca se ha convertido en una zona de disputa entre varias facciones armadas. Aparte de las disidencias y el ELN, bandas criminales vinculadas al narcotráfico también han intensificado su accionar. El control de corredores estratégicos para la salida de drogas hacia el Pacífico y la presión sobre comunidades indígenas y campesinas han exacerbado la situación. En lo que va del año, se han reportado más de 30 ataques contra bases militares y estaciones de policía en la región.
La respuesta del gobierno: ¿suficiente para frenar la crisis?
Ante la creciente ola de violencia, el gobierno de Gustavo Petro ha desplegado refuerzos militares en ambas regiones y ha implementado estrategias de seguridad para contrarrestar el accionar de los grupos armados. Sin embargo, la suspensión de las negociaciones con el ELN y la falta de avances en el sometimiento de las disidencias generan dudas sobre la efectividad de estas medidas.
El Ministerio de Defensa ha anunciado operativos especiales en el Cauca y el Catatumbo para retomar el control del territorio, pero las comunidades locales siguen siendo víctimas del conflicto. Organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que la respuesta estatal ha sido insuficiente y que las estrategias de seguridad no han logrado garantizar la protección de la población civil.
¿Podría la crisis expandirse a otras regiones?
El recrudecimiento del conflicto en el Cauca y el Catatumbo genera preocupación sobre una posible expansión de la violencia a otras partes del país. Regiones como Arauca, el sur del Meta, el Chocó y el Bajo Cauca antioqueño ya muestran signos de inestabilidad, con la presencia de grupos ilegales que buscan aumentar su influencia y control territorial.
Además, el debilitamiento de los acuerdos de paz con las FARC y la falta de avances en los procesos de reincorporación de excombatientes han contribuido a la reactivación de frentes disidentes. La posibilidad de que otros departamentos experimenten una escalada similar es alta si el gobierno no logra consolidar una estrategia efectiva que combine el uso de la fuerza con iniciativas de desarrollo y diálogo.
Conclusión: una crisis de difícil solución
La situación en el Cauca y el Catatumbo es una muestra de la complejidad del conflicto armado en Colombia. Mientras los grupos ilegales continúan desafiando al Estado con acciones violentas, las comunidades locales siguen atrapadas en una crisis humanitaria que parece no tener fin. La respuesta del gobierno, aunque en curso, enfrenta obstáculos significativos y podría no ser suficiente para evitar que la crisis se propague a más regiones del país.
En este contexto, el futuro de la seguridad en Colombia sigue siendo incierto. La paz sigue siendo un anhelo lejano para miles de personas que hoy sufren las consecuencias de un conflicto que, lejos de disminuir, parece haberse transformado en una guerra sin fronteras.
