La crisis de seguridad en el departamento del Cauca alcanzó un punto crítico en los últimos días con el secuestro de 29 miembros de la Fuerza Pública en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia. El hecho, perpetrado por el frente Carlos Patiño, una de las disidencias más violentas de las extintas FARC, generó una ola de indignación en todo el país y puso en evidencia el recrudecimiento del conflicto en esta zona del suroccidente colombiano.
Los uniformados, compuestos por 27 policías y 2 militares, fueron retenidos por este grupo armado ilegal el pasado 6 de marzo de 2025, en un acto que fue calificado por el gobierno como una violación flagrante a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. La comunidad internacional también expresó su preocupación por este suceso, instando a una solución inmediata y pacífica para la liberación de los secuestrados.
Una liberación negociada tras intensas gestiones
Después de más de 24 horas de incertidumbre, los uniformados finalmente recuperaron su libertad el 7 de marzo de 2025. La liberación fue posible gracias a una serie de negociaciones lideradas por diferentes organismos nacionales e internacionales. La Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, la Iglesia Católica y la Organización de Naciones Unidas (ONU) fueron fundamentales en la mediación que permitió el regreso de los secuestrados.
Desde el momento del secuestro, el gobierno colombiano desplegó esfuerzos diplomáticos y estratégicos para lograr la pronta liberación de sus hombres. Sin embargo, la retención de los uniformados generó una gran preocupación dentro de las filas de la Policía Nacional y el Ejército, quienes denunciaron el uso de la violencia como mecanismo de presión por parte de las disidencias.
Reacciones del gobierno y la Fuerza Pública
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenó enérgicamente el ataque y el secuestro de los uniformados, resaltando que estos grupos armados ilegales siguen cometiendo crímenes atroces, como el reclutamiento forzado de menores, extorsiones y ataques contra la población civil. Aseguró que el gobierno no cederá ante estas prácticas y que fortalecerá su presencia militar en la región para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
Por su parte, el director de la Policía Nacional manifestó su satisfacción por la liberación de los uniformados, pero dejó claro que estos hechos no pueden repetirse. En su pronunciamiento oficial, destacó:
“Interpretando el sentir de un país y de los 183.000 policías de la patria y en nombre propio, celebramos que nuestros 28 uniformados y el señor oficial del Ejército hayan recuperado su preciada libertad. Ni nuestros 29 héroes de la patria ni sus respetadas familias debieron de haber sido sometidos a un delito tan atroz, de lesa humanidad, como lo es el secuestro. Gracias a todos los colombianos por sus mensajes de solidaridad, con la invitación a seguir respaldando nuestras instituciones democráticas y cerrar filas contra el crimen organizado. Juntos lo doblegaremos.”
Estas declaraciones reflejan la preocupación y el compromiso del gobierno y las fuerzas de seguridad para enfrentar la crisis de orden público que azota al Cauca y a otras regiones del país.
¿Qué significa este hecho para la seguridad en Colombia?
El secuestro y la posterior liberación de estos 29 uniformados ponen en evidencia la falta de control estatal en ciertas regiones del país, donde los grupos armados ilegales han logrado fortalecer su presencia. Cauca se ha convertido en un epicentro del narcotráfico, la violencia y el conflicto armado, con organizaciones criminales disputándose el territorio a sangre y fuego.
A pesar de los esfuerzos del gobierno por retomar el control de la zona mediante operativos militares y el fortalecimiento de la seguridad, la realidad demuestra que estos grupos siguen teniendo una gran capacidad de acción. Los ataques a bases militares, los secuestros de miembros de la Fuerza Pública y las amenazas constantes a la población civil reflejan el nivel de poder que todavía mantienen.
Este caso también reaviva el debate sobre los diálogos de paz y las estrategias del gobierno para enfrentar a las disidencias. Mientras algunos sectores piden mano dura y mayor presencia militar en las zonas afectadas, otros consideran que es necesario insistir en las negociaciones para evitar una escalada aún mayor del conflicto.
¿Se puede repetir este escenario en otras regiones?
Si bien el Cauca es actualmente una de las zonas más afectadas por la presencia de grupos armados, otras regiones como el Catatumbo, Arauca, Chocó y el Bajo Cauca Antioqueño también están viviendo una situación de creciente violencia. En estas áreas, los enfrentamientos entre el ELN, las disidencias de las FARC y otros grupos criminales han provocado un aumento de desplazamientos, asesinatos y extorsiones, poniendo en riesgo la seguridad de miles de colombianos.
El reciente secuestro masivo en Argelia podría ser solo un reflejo de una problemática mucho más grande y extendida en el país. Si no se toman medidas contundentes, Colombia podría enfrentarse a un resurgimiento de la violencia similar al de las décadas pasadas.
Por ahora, la liberación de los uniformados representa un alivio momentáneo, pero la realidad sigue siendo preocupante. El gobierno deberá actuar con rapidez y contundencia para evitar que esta crisis de orden público siga extendiéndose y poniendo en jaque la estabilidad del país.
