La sanción se da luego de que una paciente que experimentaba algunas complicaciones en su embarazo considerara que el hospital había vulnerado sus derechos.
El Consejo de Estado ratificó una sanción que la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá le impuso al Hospital Universitario San Ignacio, por haber desconocido varias normas que obligan a las entidades de salud garantizar acceso real y ofrecer atención oportuna a mujeres gestantes que requieran servicios de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Se produjo luego de que una paciente que experimentaba algunas complicaciones en su embarazo considerara que el hospital había desconocido estas directrices jurídicas. Una mujer junto con su esposo solicitaron la interrupción de su embarazo puesto que el feto venia con “hidrocefalia y cardiopatía severa”.
No obstante el personal médico optó por ordenar la práctica de varios exámenes y continuar haciendo seguimiento al caso, sin haber autorizado aún la interrupción del embarazo, razón por la cual se produjo la investigación disciplinaria que condujo a la sanción contra el hospital.
Por otro lado, el Hospital San Ignacio indicó que a pesar de que el diagnóstico clínico del bebe estaba confirmado, no se podía determinar el nivel de riesgo de una muerte intrauterina, por la falta de exámenes que al parecer no fueron autorizados por la EPS. “Se le informó que se estimaba las posibilidades de sobrevivencia de la criatura por encima del 85%”,dijo en su momento el centro asistencial.
El caso llegó hasta la Secretaría de Salud de Bogotá, que comenzó un proceso disciplinario el cual resolvió sancionar al centro médico.
El Hospital San Ignacio apelo la decisión, con la intención de que el Consejo de Estado juzgara la validez del proceso disciplinario y dejara sin efectos la determinación de Secretaría de Salud. Sin embargo, el centro medico dejó vencer los plazos para presentar el recurso.
“Teniendo en cuenta que la demanda se presentó casi un año después de haberse vencido el plazo legal de cuatro meses para interponer esta acción jurídica, la corporación judicial declaró su caducidad”, sostuvo el Consejo de Estado en un comunicado sobre la decisión.