El Ministerio Público ha evaluado más de 400 quejas y denuncias por presuntas irregularidades en el proceso electoral y determinó iniciar 33 actuaciones disciplinarias.
La investigación busca determinar si el registrador pudo incurrir en faltas disciplinarias relacionadas con posibles:
- Extralimitación de sus funciones al exigir identificación biométrica de los votantes, presuntamente en desconocimiento de las disposiciones legales que regulan la materia.
- Irregularidades en la selección y contratación de la empresa INDRA SISTEMAS S.A., por la existencia de situaciones que comprometerían la transparencia de la selección y en el procedimiento de contratación de dicha empresa y ante un supuesto conflicto de intereses.
- Omisión en sus funciones en relación con la toma de decisiones tendientes a evitar irregularidades y hacer la debida vigilancia y control en el preconteo de las votaciones, en atención a sus deberes funcionales.
- Incumplimiento de sus funciones por deficiencias, falencias u omisión en la capacitación de los jurados de votación.
Adicionalmente, la Procuraduría abrió indagación preliminar a funcionarios por establecer de la Registraduría por las presuntas irregularidades que pudieron presentarse en la administración de las plataformas de software usadas, y en general, en los procesos de inscripción de cédulas.
La Procuradora Margarita Cabello Blanco requirió a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral para que informe, en el término de 5 días, el plan estratégico completo para las próximas elecciones presidenciales que permita, de forma preventiva, eliminar o mitigar los riesgos o hechos como los que se presentaron el pasado 13 de marzo.