De manera conjunta la Coordinación de Procuradores Penales de Santa Marta y la Personería Distrital, presentaron acción de tutela en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, y el Ministerio de Justicia, para garantizar los derechos de la población reclusa.
De acuerdo con la información que se conoció sobre este tema, con dicha herramienta constitucional, se busca garantizar los derechos fundamentales a la vida, salud, dignidad humana, igualdad y acceso a servicios públicos de las personas recluidas en la Cárcel Judicial ‘Rodrigo de Bastidas’ de Santa Marta.
A través de la concesión de la medida provisional solicitada, el Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta ordenó a los accionados que, dentro de las veinticuatro horas siguientes, y mientras se falla la tutela, adelanten en el marco de sus competencias las actividades necesarias.
Esas actividades tienen que ver con la estabilización del fluido eléctrico, mantener permanentemente el servicio de agua, hacer el mantenimiento necesario al alcantarillado, lo mismo que a la subestación eléctrica, en especial, en el Pabellón No. 7 de la cárcel, respaldando así los argumentos del Ministerio Público.
Como garantes de los derechos fundamentales, desde la Personería del Distrito de Santa Marta, se promueve el accionar del aparato judicial, con el fin que se restituyan los valores a las personas que se encuentran en dicho centro reclusorio.