La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Iván Camilo Aguirre Hernández, quien ocupa el cargo de jefe del Programa de Alimentación del despacho del gobernador del Magdalena durante la vigencia 2024, por presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Las fallas señaladas por el Ministerio Público estarían relacionadas con la falta de medidas oportunas y efectivas para asegurar la continuidad del servicio en varios municipios del departamento.
De acuerdo con la Procuraduría Regional Magdalena, Aguirre y otros funcionarios de la Gobernación habrían omitido acciones clave para garantizar la prestación del servicio durante el segundo semestre del calendario escolar de 2023. La situación habría afectado a estudiantes de al menos 15 municipios, entre los que se encuentran Algarrobo, Aracataca, El Retén, Fundación, Puebloviejo, Zona Bananera, Cerro de San Antonio, Concordia, El Piñón, Pedraza, Pivijay, Remolino, Salamina, Sitionuevo y Zapayán.
El órgano de control precisó que, aunque la licitación pública para contratar al operador encargado de distribuir los alimentos escolares fue declarada desierta, desde la Gobernación del Magdalena no se habrían tomado las acciones necesarias para mitigar el impacto de esta situación ni se habrían implementado alternativas que permitieran dar continuidad al servicio. Esta omisión habría dejado sin el complemento alimentario a miles de estudiantes, afectando especialmente a aquellos de bajos recursos que dependen de este apoyo como parte fundamental de su alimentación diaria.
La Procuraduría advierte que Aguirre Hernández, como responsable directo del Programa de Alimentación, tenía la obligación legal y funcional de anticipar riesgos, actuar frente a situaciones de emergencia y asegurar la prestación del servicio sin interrupciones. El incumplimiento de estas responsabilidades podría constituir una falta disciplinaria, en los términos del numeral 4 del artículo 4 del Decreto 0251 de 2016, que obliga a los funcionarios encargados de programas de seguridad alimentaria a identificar y corregir cualquier situación que amenace su adecuada ejecución.
Además del incumplimiento administrativo, el ente de control señala que la falta de ejecución del PAE en los municipios mencionados pudo haber tenido un impacto directo sobre los derechos fundamentales de los estudiantes, como el derecho a la alimentación, la educación y el desarrollo integral. La ausencia del servicio, especialmente en zonas vulnerables, podría haber agudizado condiciones de inseguridad alimentaria y afectado la permanencia escolar de los menores.
La investigación en curso tiene como propósito determinar si Aguirre Hernández incurrió en una falta disciplinaria que justifique sanciones por omisión de funciones, así como esclarecer si hubo negligencia en la toma de decisiones frente a la situación que afectó a miles de niños, niñas y adolescentes en el Magdalena. La Procuraduría continuará recopilando información y testimonios para establecer el grado de responsabilidad del funcionario y de otros servidores públicos implicados en la posible falla institucional.
