El Gobierno de Gustavo Petro ha lanzado una nueva propuesta legislativa que busca reglamentar el sometimiento de grupos criminales a la justicia, reavivando un debate espinoso en el país. A pocos meses del arranque del periodo electoral, el Ejecutivo radicó un ambicioso proyecto que permitiría reducciones de pena a cambio de entrega de armas, colaboración judicial y reparación a víctimas. Sin embargo, la iniciativa ha sido recibida con fuertes críticas desde diversos frentes.
Uno de los cuestionamientos más contundentes proviene de la Corte Suprema, que expresó preocupación por la falta de deliberación técnica y política en su elaboración. La magistrada Ávila Roldán advirtió sobre los vacíos en la metodología y la falta de claridad sobre la implementación del proyecto. A esto se suman voces de alto perfil como la del expresidente Juan Manuel Santos, quien alertó que aplicar justicia transicional a estructuras puramente criminales —como el Clan del Golfo— es inaceptable a nivel internacional.
La iniciativa contempla penas reducidas de entre cinco y ocho años para los cabecillas, y de dos a cinco para los demás miembros. Incluso abre la puerta a que los grupos criminales conserven hasta un 12% de sus bienes, duplicando lo que se proponía en el proyecto anterior, archivado en 2023. Este detalle ha sido especialmente criticado por quienes temen que la propuesta abra una vía hacia la impunidad.
Además, el nuevo texto incluye puntos sensibles, como beneficios penales para jóvenes judicializados durante las protestas sociales de 2019 y 2021. Este apartado ha sido calificado por opositores como una “amnistía disfrazada” para personas acusadas de delitos graves, lo que generó rechazo tanto dentro como fuera del Gobierno. La exministra Ángela María Buitrago subrayó que las víctimas no fueron escuchadas en el proceso, mientras que el exministro Juan Fernando Cristo sentenció que el proyecto «nació muerto».
El actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha defendido la propuesta con fuerza, argumentando que no busca impunidad sino fortalecer la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. En sus palabras, el proyecto responde a “una política de orden público” y contempla requisitos estrictos, como revelar redes de apoyo, bienes y miembros de las organizaciones.
Sin embargo, la falta de consenso ha provocado tensiones incluso al interior del Ejecutivo. Otty Patiño, alto comisionado para la paz, reconoció que el diálogo fue escaso y que el proyecto puede interpretarse como una concesión excesiva. Montealegre, por su parte, no dudó en lanzar dardos contra los críticos, asegurando que quienes se opongan serán juzgados por la historia.
En medio de un panorama legislativo congestionado y con procesos de paz estancados, el futuro de esta propuesta es incierto. Las tensiones políticas y sociales que ha desatado reflejan lo complejo que es construir consensos cuando se trata de reconciliación, justicia y seguridad en Colombia.
