El juez federal Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas decidió elevar a juicio una causa por narcotráfico que involucra a un empleado judicial de Salta y otras dos personas. Se trata del transporte de más de 23 kilos de marihuana, hallados en diciembre de 2024 en una camioneta Kia Sorento durante un control de Gendarmería en Joaquín V. González.
Los imputados son Daniel Fernando Aponte, Ángel Guido Luna y Darío Antonio Peralta, acusados como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por actuar en grupo.
El 21 de diciembre, Luna conducía la camioneta y aseguró que iba de Pichanal a Rosario de la Frontera. Sin embargo, tras una revisión, gendarmes detectaron 24 paquetes ocultos en los paneles del baúl, camuflados entre monturas de caballo. El cargamento pesaba 23 kilos y 663 gramos, cantidad suficiente para elaborar 438.304 dosis, según peritajes oficiales.
La fiscal subrogante Paula Gallo, de la Unidad Fiscal Salta, solicitó la elevación a juicio tras una investigación que incluyó análisis del celular de Luna. Ese teléfono permitió vincular a Peralta como parte operativa del traslado y, más adelante, identificar el rol de Aponte, empleado judicial y dueño de la camioneta, registrada a nombre de la empresa Aponte S.R.L.
Según la fiscalía, Aponte habría prestado el vehículo con conocimiento del uso que se le daría. Además, lo relacionaron con un seguimiento constante a Luna, incluyendo llamadas, detalles sobre paradas, hospedajes y el contacto con un abogado una vez se produjo la detención.
Aponte alegó que solo le prestó el auto para mostrarlo a un posible comprador, pero nunca gestionó su recuperación formal, y las comunicaciones lo ubican como pieza activa en la operación, según la acusación. Las defensas no presentaron objeciones a la elevación del caso a juicio.
El juez también prorrogó la prisión preventiva de los tres acusados, quienes enfrentarán el juicio en los próximos meses.
