La Alcaldía de Galapa, Atlántico, declaró la calamidad pública y la urgencia manifiesta en la urbanización Villa Olímpica, donde más de 20.000 personas completaron más de ocho días sin acceso a agua potable. La medida fue oficializada el pasado 1 de agosto mediante los decretos 111 y 112, en respuesta a una situación que vulnera derechos fundamentales como el acceso al agua, la salud pública y la vida digna.
La emergencia fue provocada por una falla en una tubería de aducción de 18 pulgadas que había sido recientemente reemplazada. Esta avería dejó sin servicio a toda la urbanización. Según el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, las empresas Aguas del Atlántico S.A. E.S.P. y AguaCaribe Colombia S.A.S., responsables del sistema de acueducto y alcantarillado, fueron señaladas como responsables del colapso en el suministro.
Aunque la reposición de la tubería culminó el 31 de julio, el proceso de presurización necesario para restablecer el servicio podría tardar entre 24 y 48 horas. Sin embargo, al cierre de la semana, la mayoría de los hogares seguía sin agua en sus llaves y dependía del abastecimiento mediante carrotanques y almacenamiento improvisado.
Como parte del plan de mitigación, se enviaron 13 carrotanques con dos viajes diarios cada uno, completando 26 entregas diarias de agua de forma sectorizada, mientras se alcanzaba el nivel de presión suficiente para restablecer el servicio de manera continua. La declaratoria de calamidad también permite al gobierno municipal hacer contrataciones directas para garantizar el suministro de agua y otros bienes esenciales, además de coordinar esfuerzos con entidades nacionales y organismos de control.
Durante la semana, los residentes realizaron protestas pacíficas, incluyendo bloqueos en la vía La Cordialidad, para exigir una solución urgente. El alcalde Fabián Bonett se presentó en el lugar acompañado por representantes de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Personería Municipal, el Ejército, la Policía y el Cuerpo de Bomberos, conformando el equipo de atención a la emergencia.
Bonett explicó que se están coordinando los recursos disponibles para asegurar una distribución eficiente del agua mediante los carrotanques mientras se ejecuta la solución técnica definitiva. Por su parte, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Galapa emitió una medida provisional que obliga a las empresas responsables a garantizar el suministro de agua potable. La Superintendencia de Servicios Públicos, la Procuraduría Provincial y la Defensoría del Pueblo también se comprometieron a hacer seguimiento constante hasta que se restablezca el servicio de forma estable y continua.
Mientras tanto, muchas familias han optado por recolectar agua en baldes y recipientes o buscarla en sectores vecinos, en medio de una creciente preocupación por los riesgos sanitarios, especialmente para niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud delicadas. Aunque las autoridades han destacado la disposición al diálogo por parte de la comunidad, el clamor generalizado es que se tomen medidas preventivas para evitar que una situación como esta se repita.
