El contrato de 32 millones de dólares firmado por el Ministerio de Defensa con la empresa estadounidense Vertol Systems para el mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 sigue sumando controversias. Estas aeronaves, vitales para operaciones estratégicas del Ejército colombiano, permanecen en su mayoría varadas en los hangares de Tolemaida, lo que ha generado preocupación por la seguridad aérea y la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas.
El exviceministro de Planeación y Política, Luis Edmundo Suárez Soto, quien fue señalado como responsable de liderar la estructuración del proceso, decidió romper el silencio. Aclaró que su rol fue de acompañamiento técnico y administrativo, pero que no firmó el contrato ni participó directamente en su aprobación final.
“Ese contrato tuvo muchas dificultades y eso nos fue corriendo los tiempos al Ministerio (de Defensa) para poder hacer el contrato”, explicó Suárez. Reconoció que desde el principio existieron problemas en la planeación, aunque recalcó que todas las decisiones contaron con el aval del Ejército, específicamente de la División de Aviación Asalto Aéreo (DAVVA), unidad que certificó que Vertol Systems cumplía con los requisitos para hacerse cargo del mantenimiento.
El exviceministro también aseguró que el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, estaba al tanto del proceso. “En líneas generales él sabía cómo iba porque era una información que se le daba”, señaló, insistiendo en que la cadena de mando completa, incluidos los generales de más alto rango, fueron informados.
Suárez fue categórico en que la responsabilidad técnica recae en el Ejército, por ser los dueños de las aeronaves y quienes deben evaluar a los contratistas. “Hay todo un batallón en la DAVVA para los MI-17. Por lo tanto, toda la capa de decisión técnica tiene que decidir si la empresa cumplió o no técnicamente”, dijo. Según su relato, la decisión se basó en informes documentados que fueron elevados a la Secretaría General y a la dirección jurídica del Ministerio de Defensa.
De hecho, documentos revisados confirman que altos mandos del Ejército conocieron y avalaron el proceso, entre ellos el general Emilio Cardozo, segundo comandante en ese momento; el general Omar Sepúlveda; y el general Erick Rodríguez, entonces jefe de operaciones y actual segundo comandante del Ejército. “El equipo técnico tomó sus decisiones en un comité, seguramente hubo discusiones, problemas, todo lo que usted quiera, pero hay que ir al acta técnica en donde se decide la contratación”, puntualizó Suárez.
El escándalo se agravó cuando se conoció que ya se había entregado un anticipo de más de 16 millones de dólares a Vertol Systems, pese a los supuestos incumplimientos. El Ministerio de Defensa anunció que iniciará acciones legales contra la empresa, pero el riesgo de perder una parte considerable de los recursos sigue latente.
Actualmente, de los 20 helicópteros MI-17 con los que cuenta el Ejército, solo seis están operativos, cuatro permanecen en mantenimiento, tres en etapa de overhaul (revisión profunda) y siete continúan en tierra sin perspectivas inmediatas de reparación. Este panorama refuerza la gravedad del problema: el país invirtió en un contrato que no garantiza aún la plena recuperación de la flota, mientras el sector defensa enfrenta un nuevo capítulo de desconfianza sobre la transparencia y la eficiencia en la contratación pública.
