El pasado 10 de septiembre, fecha límite para extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos en Estados Unidos, se desató una controversia que puso en vilo a miles de migrantes. Diversas organizaciones denunciaron que el portal digital de USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración) inhabilitó la opción de registro para Venezuela, impidiendo que miles de personas completaran el trámite a tiempo.
De acuerdo con la National TPS Alliance, la desaparición de la opción afectó directamente a más de 600.000 venezolanos, beneficiados por el programa en 2021 y 2023, quienes debían reinscribirse para mantener vigente su permiso de trabajo y su permanencia legal mientras avanza la disputa judicial entre la organización y la administración de Donald Trump.
La abogada Jessica Bansal advirtió que la suspensión en línea contradecía la orden del juez Edward Chen, quien había dispuesto mantener las protecciones temporales. Ante las denuncias, el magistrado convocó de urgencia a las partes mediante una audiencia virtual. Allí, representantes del Gobierno estadounidense atribuyeron la situación a un supuesto “error de código” en el sistema.
Sin embargo, el juez Chen no dio por cerrada la explicación y ordenó que la página de USCIS fuera actualizada antes de las 5:00 p.m. del viernes siguiente, con la obligación de reabrir el registro por al menos 24 horas adicionales para reparar el daño causado a quienes no lograron reinscribirse.
Para líderes comunitarios, como Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, la medida representó un duro golpe:
“Miles de beneficiarios se encontraron con la opción cerrada en sus cuentas personales. Fue un bloqueo que puso en riesgo su futuro inmediato”, señaló.
Las organizaciones interpretaron lo ocurrido como un intento deliberado de restringir el acceso a un programa vital para los migrantes venezolanos, cuyo futuro depende hoy tanto de la interpretación judicial como del cumplimiento efectivo del gobierno a las órdenes judiciales.
Mientras tanto, los beneficiarios del TPS permanecen en incertidumbre, a la espera de que se garantice su derecho a reinscribirse y conservar un estatus que, para muchos, significa estabilidad, seguridad y la posibilidad de seguir construyendo su vida en Estados Unidos.
