En un operativo simultáneo desarrollado en Medellín, Cúcuta, Bucaramanga, Puerto Tejada y Chigorodó, las autoridades capturaron a cuatro policías en servicio activo y a un uniformado retirado, señalados de incurrir en el delito de concusión. Según las investigaciones, los detenidos integraban una red que favorecía actividades de contrabando mediante la exigencia de millonarias sumas de dinero a comerciantes, principalmente en el reconocido sector comercial de El Hueco en Medellín.
De acuerdo con la Fiscalía y la Policía Judicial, los involucrados solicitaban sobornos que oscilaban entre los $5 millones y los $440 millones, a cambio de omitir controles, permitir el ingreso de mercancía ilegal y manipular el sistema de circuito cerrado de televisión con el fin de eliminar registros comprometedores. Estas maniobras habrían permitido la circulación de productos de contrabando sin mayores obstáculos, afectando la economía formal y generando graves pérdidas fiscales al Estado.
Un peritaje contable adelantado por las autoridades reveló un incremento patrimonial injustificado de entre $100 y $120 millones durante el año 2022 en los uniformados vinculados, lo que fortaleció las pruebas en su contra. Dentro de la organización también estaría implicado otro exmiembro de la Policía, actualmente radicado en Emiratos Árabes Unidos, quien, según los reportes, tendría un papel clave en la expansión del contrabando hacia y desde el exterior. Interpol ya expidió una Circular Azul para localizarlo y facilitar su captura internacional.
El caso ha generado un fuerte impacto en la opinión pública, pues se trata de uniformados que, en lugar de combatir el delito, habrían traicionado su misión al participar en redes de corrupción y enriquecimiento ilícito. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció de manera contundente a través de su cuenta en X (antes Twitter): “Nuestra Fuerza Pública actúa con transparencia y decisión. Cero tolerancia a la corrupción: limpiamos la institución desde adentro para proteger la confianza ciudadana y honrar el uniforme. La integridad es la base de la seguridad”.
Las autoridades judiciales continúan con las investigaciones para determinar el alcance real de la red y no se descarta que en las próximas semanas se produzcan nuevas capturas. Con estas acciones, el Gobierno busca enviar un mensaje claro: no habrá impunidad frente a los casos de corrupción que comprometan la confianza en la Fuerza Pública y la seguridad ciudadana.
