En una contundente operación de control territorial, el Ejército Nacional, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, logró incautar un arsenal compuesto por 235 minas antipersona, 235 detonadores eléctricos improvisados y 60 kilos de explosivo a base de nitrato de amonio en el municipio de Uribia, La Guajira. El hallazgo, efectuado por tropas del Batallón de Caballería Mediano N.º 10 de la Décima Brigada, se dio en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, estrategia diseñada para debilitar las estructuras delictivas de los grupos armados ilegales en el norte del país.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el material incautado pertenecería a integrantes del Grupo Armado Organizado ELN y estaba listo para ser instalado en caminos rurales frecuentados por comunidades indígenas wayuu, campesinos y viajeros, lo que representaba un altísimo riesgo de tragedias humanas y desplazamientos forzados. Los peritos del Ejército confirmaron que las minas se encontraban preparadas para su activación, lo que incrementaba el peligro no solo para la población civil, sino también para las tropas que desarrollan labores de seguridad en la zona.
El material explosivo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que abrió una investigación formal para determinar la responsabilidad de los integrantes del ELN en la fabricación y almacenamiento de estos artefactos. En un comunicado oficial, el Ejército enfatizó que “la presencia de minas antipersona afecta de manera directa a comunidades indígenas wayuu, campesinos y viajeros de la región, generando lesiones graves, desplazamientos forzados e incluso la muerte. Estas armas están prohibidas por tratados internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario”.
Las autoridades recordaron que el uso de minas antipersona es una práctica ilegal que viola las normas humanitarias y que continúa dejando secuelas devastadoras en Colombia. En este contexto, la Décima Brigada anunció que seguirá desplegando operaciones conjuntas en La Guajira y en zonas fronterizas con Venezuela, con el propósito de desmantelar laboratorios, neutralizar la instalación de explosivos y garantizar la seguridad de las comunidades locales.
Este decomiso representa un duro golpe a las estructuras del ELN en la región y una acción preventiva clave para evitar nuevas víctimas de este tipo de armas, que por décadas han marcado con dolor la historia de comunidades rurales del país.
