La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio un paso crucial en la construcción de verdad y justicia en Colombia al dictar sentencia contra 12 exmilitares que pertenecieron al Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”. Los sancionados reconocieron haber participado en al menos 135 asesinatos y desapariciones forzadas cometidos entre 2002 y 2005 en el norte del Cesar y el sur de La Guajira, delitos que fueron presentados ilegalmente como bajas en combate para mostrar resultados ficticios.
La lectura del fallo estuvo a cargo de la Sección de Reconocimiento de Verdad, que impuso sanciones restaurativas con penas de entre cinco y ocho años. Estas no se cumplirán en cárceles comunes, sino mediante trabajos, obras y actividades de contenido reparador, siempre bajo estrictas restricciones a la libertad y con monitoreo constante de la ONU y la propia JEP. El tribunal recordó que estas sanciones son las más severas previstas dentro del sistema de justicia transicional cuando hay aceptación de responsabilidad y aporte efectivo a la verdad.
El caso reveló cómo el conflicto armado dejó profundas huellas de dolor en comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, especialmente en pueblos como los Kankuamo y los Wiwa, que fueron víctimas de estigmatización, confinamiento y persecución territorial. De las 135 víctimas documentadas, seis eran afrodescendientes y 14 indígenas; entre ellas, una menor de edad y una madre cabeza de familia, ambas pertenecientes al pueblo Wiwa. La sentencia subraya que, además de afectar a individuos, los crímenes causaron daños colectivos irreparables a estas comunidades.
La investigación probó que los hechos no fueron errores aislados, sino parte de un patrón sistemático que respondía a la presión institucional por mostrar resultados militares. La JEP identificó dos modalidades de macrocriminalidad: por un lado, la alianza con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que entregaba personas para ser reportadas como combatientes muertos; y por otro, la selección de civiles en situación de vulnerabilidad que eran capturados de manera arbitraria o engañados con promesas de empleo, para luego ser ejecutados.
El modus operandi era brutalmente repetitivo: las víctimas eran despojadas de sus pertenencias e identidad, obligadas a portar uniformes, sometidas a torturas y, finalmente, asesinadas. Posteriormente, se destruían documentos y se colocaban armas en la escena para simular enfrentamientos. Según la JEP, estas prácticas constituyen crímenes de lesa humanidad y graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
Entre los responsables figuran cinco oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados profesionales, todos retirados. Entre las condenas más severas se encuentran las de ocho años contra el mayor (r) Guillermo Gutiérrez Riveros, el subteniente (r) Eduart Gustavo Álvarez Mejía y el sargento primero (r) Manuel Valentín Padilla Espitia. Otros recibieron sanciones de siete, seis y cinco años, dependiendo de su nivel de participación y del tiempo que ya han cumplido en la justicia ordinaria.
El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, destacó que este fallo demuestra cómo el conflicto se ensañó contra los más vulnerables: campesinos, indígenas y afrodescendientes que nunca imaginaron convertirse en cifras manipuladas por la lógica de la guerra. Señaló además que reconocer estos patrones ayuda a desmontar la narrativa que intentó presentar las ejecuciones como acciones legítimas en combate.
El proceso judicial se inscribe dentro del Subcaso Costa Caribe, abierto en 2018. De los 15 oficiales inicialmente imputados, 12 aceptaron responsabilidad y recibieron la sanción restaurativa. Los tres restantes, dos coroneles retirados y un exjefe de inteligencia, decidieron no acogerse y deberán enfrentar un Juicio Adversarial Transicional.
Con esta sentencia, la JEP busca no solo imponer castigo, sino también visibilizar la magnitud de los llamados “falsos positivos” y su impacto devastador en comunidades históricamente marginadas. La decisión reafirma que, incluso en medio del conflicto armado, no todo vale, y que la verdad y la justicia son pilares fundamentales para la reconciliación del país.
