La apertura de una oficina de la Interpol en Barranquilla marca un nuevo capítulo en la lucha contra el crimen organizado en Colombia. Según fuentes judiciales, el objetivo principal de esta dependencia será enfrentar a un fenómeno cada vez más evidente en la capital del Atlántico: la presencia de “capos invisibles”, narcotraficantes extranjeros de bajo perfil que se camuflan como empresarios y despliegan operaciones de alcance global.
Estos actores criminales se han instalado en exclusivos sectores del Atlántico, Magdalena, Bolívar y Cesar, utilizando negocios aparentemente legítimos para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Lo que más preocupa a las autoridades es que Barranquilla se ha convertido en un punto estratégico para el envío de droga hacia Centroamérica y otros destinos internacionales, aprovechando la cercanía del puerto y las rutas marítimas del Caribe.
De acuerdo con investigaciones en curso, el Clan del Golfo mantiene alianzas con bandas locales que operan en barrios cercanos al puerto, con el propósito de infiltrar cargamentos ilícitos en las embarcaciones. Además, se advierte que existe la posibilidad de que miembros de la fuerza pública colaboren con estas estructuras, lo que complica aún más el panorama. “Todo hace parte de una misma logística criminal, y no descartamos que haya actores con poder interno apoyando los envíos”, explicó una fuente judicial.
El brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que la llegada de Interpol tiene un valor simbólico y estratégico: “La presencia de esta oficina es un mensaje directo a los delincuentes. No se trata solo de abrir un despacho, sino de coordinar esfuerzos con otras policías del mundo para identificar a quienes llegan desde el extranjero con antecedentes judiciales”.
La zona marítima que conecta a Barranquilla con Cartagena, en especial el municipio de Juan de Acosta, se ha convertido en uno de los puntos clave para las lanchas rápidas cargadas de droga. Estos corredores ilegales alimentan las operaciones que afectan no solo a la capital del Atlántico, sino también a ciudades como Santa Marta, Cartagena, Valledupar y regiones de La Guajira.
Con la inauguración de esta oficina, el Estado busca intensificar la recolección de pruebas, seguir el rastro de las finanzas ilícitas y desarticular las redes que permiten a los capos invisibles operar en la sombra. La apuesta es clara: frenar el avance del narcotráfico internacional desde la costa Caribe y exponer a quienes, bajo la fachada de empresarios, controlan un negocio criminal que trasciende fronteras.
