Los siete exintegrantes del último Secretariado de las Farc, recientemente condenados por la política de secuestros que dejó más de 21.000 víctimas en el país, comenzaron a dar forma a las sanciones que deberán cumplir. En un encuentro realizado el pasado viernes, se reunieron con un grupo de víctimas para empezar a definir los proyectos restaurativos que marcarán la manera en que cumplirán su sentencia de ocho años.
La reunión, que contó con la presencia de la Fundación Revipaz —organización nacida en 2022 por iniciativa de víctimas y excombatientes—, tuvo como propósito trazar un primer camino conjunto hacia la reparación. Durante la jornada, se presentaron actividades adelantadas por la fundación y se acordó que en la próxima sesión se socializará un listado de proyectos y un cronograma de ejecución. Estos serán revisados por la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal de Paz, que también verificará qué entidades estatales deberán acompañar y garantizar su implementación.
El diálogo abrió espacio para que tanto víctimas como comparecientes compartieran expectativas y propuestas. Entre los asistentes estuvieron los excomandantes Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Jaime Alberto Parra y Rodrigo Granda, así como víctimas directas del secuestro como Danilo Conta, Héctor Horacio Mahecha, Élmer Caviedes y Diva Cristina Díaz. Juntos delinearon iniciativas que van desde proyectos de memoria histórica hasta acciones comunitarias y ambientales, todas orientadas a reconstruir la confianza en los territorios más golpeados por el conflicto armado.
Las sanciones propias impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz implican restricciones efectivas a la movilidad, la residencia y los horarios de los sancionados, quienes estarán bajo monitoreo electrónico mientras cumplen los proyectos reparativos. Entre las acciones priorizadas se encuentran la búsqueda de personas desaparecidas en coordinación con la UBPD, el aporte de información para identificar zonas minadas, la recuperación ambiental mediante la siembra de especies nativas y la puesta en marcha de proyectos de memoria y perdón simbólico en ciudades como Cali y Neiva.
Por primera vez, quienes dirigieron a las Farc en su última etapa enfrentan de manera directa las consecuencias judiciales de los crímenes cometidos bajo su mando. La sentencia restaurativa, aunque distinta a la cárcel, busca materializar justicia desde la verdad, la reparación y la no repetición, respondiendo a los reclamos de miles de víctimas que durante décadas enfrentaron la impunidad en la justicia ordinaria.
