Un nuevo hecho de violencia estremeció al sistema penitenciario colombiano. El dragoneante Miguel Muñoz Llano, funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fue asesinado en un ataque armado perpetrado frente a la cárcel La Modelo de Bogotá, mientras tres de sus compañeros resultaron gravemente heridos.
El atentado ocurrió en la mañana del jueves, cuando cuatro hombres a bordo de dos motocicletas interceptaron un vehículo oficial del Inpec que se dirigía al penal para el cambio de turno. Según versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego de manera indiscriminada, desatando el pánico entre los transeúntes y comerciantes de la zona.
Las autoridades confirmaron que, además del fallecido, los dragoneantes Jefferson Vázquez Páez y Carlos Martínez Navarrete se encuentran hospitalizados en la Clínica de Occidente y la Clínica de Colombia, donde permanecen bajo estricta observación médica debido a la gravedad de las heridas.
La zona del atentado, ubicada en inmediaciones de la carrera 27 con calle 17, fue acordonada mientras unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá, el CTI de la Fiscalía y el Ejército Nacional adelantaban operativos de búsqueda. Hasta el momento no se reportan capturas.
El ataque ha generado profunda conmoción y reavivó la preocupación por la seguridad de los funcionarios penitenciarios, quienes en los últimos meses han sido blanco de amenazas y atentados. Voceros del sindicato del Inpec advirtieron que los homicidios de guardianes se han convertido en una preocupante constante.
“El plan pistola contra nuestros compañeros es una realidad. Ya podemos hablar de 69 asesinatos en los últimos cuatro años, cometidos con el objetivo de presionar negociaciones con el Gobierno”, denunció Cristian López, vicepresidente del sindicato del Inpec.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el atentado podría estar relacionado con represalias de grupos criminales afectados por recientes operativos de control al interior de los penales. Las investigaciones buscan establecer si se trata de un ataque dirigido por redes delictivas con presencia en el sistema carcelario.
El trabajo de los guardianes del Inpec, catalogado como de alto riesgo según el Decreto 2090 de 2003, sigue enfrentando graves amenazas debido a la custodia de reclusos vinculados con organizaciones armadas y estructuras criminales.
Mientras avanzan las investigaciones, el hecho deja en evidencia una crisis de seguridad que afecta a quienes, desde las cárceles, cumplen una de las labores más peligrosas del país.
