Las autoridades colombianas propinaron un duro golpe a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico, mediante una operación conjunta que permitió la ocupación de bienes avaluados en más de 53.000 millones de pesos y la captura de dos de sus integrantes en Colombia. Paralelamente, en España fueron detenidos los presuntos cabecillas de la organización, quienes están a la espera de ser extraditados al país.
Según la Fiscalía General de la Nación, la red habría blanqueado cerca de 182.000 millones de pesos, recursos obtenidos del envío de cargamentos de cocaína a Europa por vía marítima, utilizando como puntos de salida los puertos de Turbo (Antioquia), Santa Marta (Magdalena), Barranquilla (Atlántico), Cartagena (Bolívar) y Guayaquil (Ecuador), con destino a Bélgica, Francia, Holanda y España.
Para darle apariencia de legalidad al dinero, los implicados crearon sociedades de papel dedicadas a supuestas inversiones en sectores inmobiliario, tecnológico y de construcción. Además, movían los recursos a través de cuentas financieras y billeteras virtuales, algunas de ellas seudoanónimas y difíciles de rastrear.
Las investigaciones identificaron como principales líderes a los hermanos Pablo Felipe y Santiago Prada Moriones, conocidos con los alias de ‘Black Jack’ y ‘Marcos’, respectivamente. Junto a ellos operaban Brenda Yineth Pineda Bedoya, alias ‘La Contadora’, y Jimmy García Solarte, quienes fueron capturados en Medellín (Antioquia) y Pereira (Risaralda).
De acuerdo con Aura Liliana Trujillo, delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía, “Black Jack era el encargado de pagar el impuesto al Clan del Golfo, que producía y camuflaba la droga, además de controlar las comunicaciones; mientras que ‘Marcos’ fungía como inversor y coordinador de las salidas hacia Centroamérica y Europa. Jimmy Solarte actuaba como transportador y ‘La Contadora’ asesoraba la creación de empresas ficticias”.
Como resultado de la operación, fueron ocupados 17 inmuebles rurales, 8 urbanos, 15 vehículos, 5 sociedades y 4 establecimientos de comercio, localizados en Pereira, Cartagena y Bogotá, con lo cual se afecta de manera significativa la estructura financiera de esta red criminal transnacional.
