La Corte Suprema de Justicia confirmó esta semana el juicio contra el representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo por el delito de hostigamiento agravado, proceso que se suma a otras cuatro investigaciones penales en su contra por discriminación, injuria y calumnia, lo que lo convierte en uno de los congresistas con más causas abiertas ante el alto tribunal.
El juicio se origina por dos publicaciones hechas por el parlamentario el 14 de noviembre de 2023 en la red social X, donde difundió videos con la quema de una bandera del M-19 y una efigie con el rostro del presidente Gustavo Petro, acompañadas del mensaje: “¡Gloria a los soldados, plomo a los guerrilleros!”.
En su decisión, la Sala Especial de Primera Instancia rechazó la solicitud de nulidad presentada por la defensa de Polo Polo y ordenó la práctica de varios testimonios, entre ellos los del presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y la senadora María José Pizarro. Aunque su abogado apeló, el proceso continúa su curso.
A comienzos de octubre, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió una nueva investigación formal por discriminación, tras una denuncia de las Madres de Soacha y del senador Iván Cepeda. El hecho se relaciona con el momento en que Polo Polo arrojó a la basura unas botas conmemorativas de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, lo que fue considerado un acto de revictimización y estigmatización.
El congresista también enfrenta dos procesos por injuria y calumnia debido a publicaciones en redes sociales. En una de ellas, señaló al director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, de ser un “bandido” y de tener denuncias por acoso sexual. En otro caso, ya acusado formalmente, la víctima es Gustavo Bolívar, actual director de Prosperidad Social, a quien responsabilizó del suicidio de dos jóvenes y de financiar a la llamada “primera línea”.
Finalmente, la Corte también lo acusa por incitación a la violencia, a raíz de un mensaje en el que comparó a miembros del M-19, las Farc y el ELN con alias “Popeye”, sicario de Pablo Escobar. Según el denunciante, el concejal José Cuesta, esas declaraciones exceden la libertad de expresión y constituyen una instigación a la violencia política.
