La Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia hizo un enérgico llamado al Gobierno Nacional a respetar el derecho a la protesta social, tras las recientes declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que detrás de las manifestaciones de campesinos e indígenas del denominado Congreso de los Pueblos en Bogotá existen “estructuras criminales”.
“Esas protestas están raras, es obvio que hay estructuras criminales detrás de esas protestas. No quiero ser fuerte, pero me toca serlo, porque no puede ser que lleguen a negociar a Bogotá y ya se estén tomando todos los edificios del Estado”, declaró Benedetti durante una intervención pública. Posteriormente, el ministro reafirmó su posición en una entrevista con El Tiempo, asegurando que “todo estaba planeado” y que los manifestantes no buscaban diálogo, sino “calentar el ambiente de convivencia”.
Ante estos pronunciamientos, ONU Colombia emitió un comunicado en el que recordó que la protesta pacífica es un derecho humano, y que el Estado colombiano está obligado a proteger la vida, la integridad y las libertades de reunión y expresión de quienes participan en ella.
“Reiteramos que la protesta pacífica es un derecho humano fundamental. El Estado colombiano se ha comprometido a respetar la vida, la integridad y las libertades de quienes participan en las manifestaciones”, señaló la organización, al tiempo que condenó los actos de violencia que puedan ocurrir durante las movilizaciones.
El pronunciamiento de la ONU se suma al de la Defensoría del Pueblo, que días atrás pidió al ministro Benedetti rectificar sus declaraciones, al considerar que estas estigmatizan la protesta social y pueden poner en riesgo a quienes ejercen este derecho.
“No es obvio que haya estructuras criminales detrás de las protestas del Congreso de los Pueblos. Lo obvio es que la protesta social es un derecho, y el Gobierno es la primera autoridad encargada de garantizarla, no de estigmatizarla”, enfatizó la Defensoría.
La controversia ha generado debate en distintos sectores políticos y sociales sobre los límites entre la seguridad estatal y la protección de las libertades ciudadanas, en un contexto en el que las movilizaciones sociales siguen siendo un canal clave de participación y reclamo en el país.
