Un reciente estudio de la Contraloría General de la República reveló que el Estado colombiano no tiene información actualizada sobre la propiedad de la tierra en la mayor parte del territorio nacional. De acuerdo con el informe, más del 91 % de las áreas rurales y el 72 % de las urbanas carecen de datos recientes sobre sus propietarios o linderos, lo que evidencia un profundo rezago catastral entre 2014 y 2024.
El documento, titulado “Estado de la implementación de la política pública de Catastro Multipropósito durante el periodo 2014–2024”, indica que de los 1.102 municipios del país, solo 73 (6,62 %) tienen su catastro completamente actualizado, lo que representa apenas 8,8 millones de hectáreas de las más de 114 millones existentes en Colombia.
El estudio, elaborado por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico junto con otras dependencias del ente de control, advirtió que el avance del catastro multipropósito está muy por debajo de la meta del 70 % establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026. La entidad instó a acelerar el proceso, especialmente en los municipios más rezagados.
Además, el informe detectó graves problemas en la ejecución presupuestal. Aunque se han destinado importantes recursos para esta política pública, entre 2020 y 2023 se dejó de ejecutar el 46 % del presupuesto disponible, cifra que triplica el promedio del 9,25 % registrado entre 2016 y 2019.
La Contraloría advirtió que esta situación afecta de forma especial a los municipios más vulnerables —aquellos golpeados por la pobreza y el conflicto armado—, los cuales siguen sin contar con información catastral actualizada a pesar de tener recursos asignados.
El organismo de control subrayó que este atraso obstaculiza la implementación de la Reforma Rural Integral, uno de los pilares del Acuerdo de Paz de 2016, al impedir la identificación y compra de tierras para su redistribución. También limita la protección de áreas ambientales, territorios étnicos y bienes públicos nacionales.
De no tomarse medidas urgentes, concluye la Contraloría, los riesgos sociales, económicos y ambientales derivados de este rezago podrían profundizarse en los próximos años.
