La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció el fin del paro nacional que se mantenía desde hace un mes en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas económicas impulsadas por el presidente Daniel Noboa. La organización justificó su decisión como un acto de protección ante lo que calificó como una “brutal represión” por parte del gobierno, que dejó tres muertos y decenas de heridos.
“Ante la brutal represión ordenada por el Gobierno de Daniel Noboa, con tres fallecidos y decenas de heridos, hemos tomado una decisión difícil pero necesaria: el cese del Paro Nacional 2025, el despeje de las vías y el repliegue a los territorios para proteger la vida de nuestro pueblo”, indicó la Conaie en un comunicado oficial.
El anuncio se dio pocas horas después de que Noboa afirmara que el Gobierno abriría “entre hoy y mañana” las vías bloqueadas en la provincia andina de Imbabura, epicentro de las protestas. En respuesta, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, expresó su “profunda preocupación” por la intervención militar en la zona y denunció que el Ejecutivo “ha demostrado que la violación de los derechos humanos no representa un límite para sus decisiones”.
Durante las manifestaciones, que se desarrollaron principalmente en Imbabura, se reportaron tres víctimas mortales. Según la Conaie, dos fallecieron por presuntos disparos de las fuerzas armadas, mientras que una mujer indígena de Saraguro, de 61 años, habría muerto por un paro cardiorrespiratorio causado por la exposición a gases lacrimógenos.
Vargas pidió a las comunidades replegarse a sus territorios, pero insistió en que “la resistencia continúa en asambleas permanentes”, enfocadas ahora en preparar la campaña por el “No” en la consulta popular convocada por Noboa para el 16 de noviembre. En dicho referéndum, los ecuatorianos decidirán, entre otros temas, si respaldan la creación de una Asamblea Constituyente y el eventual retorno de bases militares extranjeras al país.
El líder indígena exigió además la desmilitarización inmediata de las comunidades, la liberación de los manifestantes detenidos —entre ellos los llamados “12 de Otavalo”, acusados de terrorismo—, y atención a las familias de las víctimas y heridos.
“Este paro pudo haberse evitado si el Gobierno hubiera tenido diálogo y sensibilidad antes de imponer decisiones que afectan a los más pobres. El poder no se impone, se construye dialogando con el pueblo”, enfatizó Vargas, reiterando que el movimiento indígena se mantendrá unido en defensa de la Constitución, la democracia y los derechos adquiridos.
Por su parte, el presidente Noboa defendió su postura y aseguró que gracias a los diálogos con ciertas comunidades indígenas se evitó que las protestas se extendieran a todo el territorio nacional.
