La Personería del municipio de Puerto Rondón (Arauca) lanzó un llamado urgente a los grupos armados ilegales que operan en la región, pidiendo que respeten la vida y la integridad de la población civil en medio de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc. La entidad advirtió sobre la difícil situación humanitaria que enfrentan las comunidades rurales, atrapadas en una ola de violencia que no da tregua.
Ante el miedo y la incertidumbre, numerosos habitantes de las veredas Leperocero, Maporal y Ripial han optado por salir a las calles portando pañuelos blancos y colocar banderas del mismo color en las fachadas de sus viviendas. Este gesto busca simbolizar su neutralidad y suplicar a los grupos en conflicto que no los ataquen durante los combates que se desarrollan en la zona rural del municipio.
La Personería explicó que, a pesar del temor, muchos campesinos se ven obligados a salir de sus hogares para abastecerse de alimentos y productos básicos. En un comunicado, la entidad recordó a los actores armados que, conforme al Derecho Internacional Humanitario (DIH), los civiles que no participan en el conflicto deben ser respetados y no pueden ser utilizados para obtener ventajas militares.
La crisis en Puerto Rondón se enmarca dentro de una escalada de violencia generalizada en Arauca, donde la confrontación entre el ELN y las disidencias de las antiguas Farc ha dejado un rastro de desplazamientos forzados, homicidios selectivos y confinamientos en distintas zonas del departamento.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 014 de 2025, en la que advierte sobre el riesgo inminente que enfrenta la población civil de al menos siete municipios: Tame, Arauquita, Saravena, Fortul, Puerto Rondón, Cravo Norte y la capital departamental, Arauca. También se incluye el municipio de Curabá (Boyacá), afectado por la expansión del conflicto.
De acuerdo con el informe más reciente de la Defensoría, 84 personas han sido asesinadas en lo corrido de 2025 en el departamento de Arauca, como consecuencia directa de la disputa territorial entre el ELN y las estructuras bajo el mando de alias “Iván Mordisco”.
Las autoridades locales y los organismos de derechos humanos han reiterado su llamado al Gobierno Nacional para que refuerce la presencia institucional, humanitaria y de seguridad en la zona. El objetivo es proteger a las comunidades rurales, que hoy intentan sobrevivir en medio del fuego cruzado y que, con pañuelos blancos en mano, claman por el respeto a la vida y la paz en su territorio.
