En el corregimiento de Filogringo, zona rural del municipio de El Tarra, se registran nuevos e intensos enfrentamientos entre miembros del ELN y las disidencias de las Farc, que han dejado un saldo preliminar de al menos diez personas muertas, entre combatientes y civiles. Los reportes indican que los grupos armados estarían utilizando drones cargados con explosivos, lo que ha incrementado el número de víctimas y el temor entre los habitantes.
La violencia ha afectado gravemente a comunidades rurales que viven cerca del epicentro de los combates, en una región que lleva nueve meses sumida en una escalada armada sin precedentes. Según Enrique Pertuz, presidente de la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, la situación en el Catatumbo es “devastadora” y el ingreso de las autoridades ha sido casi imposible.
“Es muy difícil lo que ocurre en el Catatumbo; las víctimas aumentan cada día y los ataques con drones violan todas las normas del derecho internacional. Los civiles están quedando atrapados en medio de esta guerra sin fin”, señaló Pertuz en diálogo con La FM.
El líder social lamentó que los llamados al respeto del Derecho Internacional Humanitario no hayan tenido efecto y advirtió que la población civil continúa siendo la más afectada.
De acuerdo con el más reciente informe del Puesto de Mando Unificado de la Gobernación de Norte de Santander, la confrontación entre ambos grupos ha provocado el desplazamiento de más de 82.900 personas, mientras 1.740 permanecen confinadas por el miedo a los combates y la presencia de minas antipersona. Las autoridades han confirmado además 163 homicidios desde el inicio de la ofensiva, de los cuales 144 corresponden a civiles, 6 a firmantes del Acuerdo de Paz, 3 a líderes sociales y 10 a menores de edad.
Municipios como Tibú, Teorama, Convención, El Tarra y Hacarí figuran entre los más afectados. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos aseguran que las cifras oficiales se quedan cortas: estiman que podrían haberse producido al menos 400 muertes, incluyendo combatientes, civiles y miembros de la fuerza pública.
Lo más alarmante, advierten, es la escasa respuesta del Estado ante la magnitud de la crisis humanitaria. Aunque se han desplegado algunas acciones de asistencia, estas resultan insuficientes y muchas familias desplazadas han debido regresar a sus territorios sin garantías de seguridad ni apoyo institucional.
La región del Catatumbo, históricamente golpeada por la violencia, vive hoy una de sus etapas más críticas, mientras los habitantes piden que el Gobierno nacional intervenga de manera urgente para detener una guerra que parece no tener fin.
