El panorama humanitario en Colombia continúa siendo preocupante. Según el más reciente informe de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), entre enero y agosto de 2025 más de 1,4 millones de personas se han visto afectadas por las distintas expresiones del conflicto armado interno, que sigue golpeando con fuerza a las comunidades rurales y urbanas del país.
Los datos revelan que al menos 11.000 menores de edad —entre niños, niñas y adolescentes— han sido víctimas directas de la violencia en departamentos como Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca y Putumayo. Estos territorios concentran gran parte de los enfrentamientos, desplazamientos y restricciones que han agravado la situación de miles de familias.
El informe detalla que los hechos más recurrentes incluyen desplazamientos forzados masivos, confinamientos, amenazas, restricciones a la movilidad, extorsiones, reclutamiento forzado y el uso de artefactos explosivos, situaciones que han dejado una profunda huella en las comunidades más vulnerables. Los niños y adolescentes se encuentran entre los grupos más expuestos, tanto por su condición de dependencia como por la ausencia de medidas de protección efectivas.
La OCHA advierte, además, que las cifras reales podrían ser mucho más altas de lo reportado oficialmente. Debido a la falta de registros completos y denuncias, el organismo estima que al menos 291.400 menores podrían estar afectados indirectamente por los impactos del conflicto, especialmente en contextos donde la presencia de grupos armados limita la movilidad y el acceso a derechos básicos como la educación y la salud.
El reclutamiento forzado continúa siendo una de las violaciones más graves, ya que muchos niños son utilizados por organizaciones ilegales para labores de inteligencia, transporte o incluso combate. A ello se suman las consecuencias psicológicas que deja el vivir en medio del miedo constante, la pérdida del hogar o la separación de sus familias.
Diversas organizaciones humanitarias han reiterado el llamado al Gobierno colombiano y a las autoridades locales para reforzar las medidas de prevención y atención integral a la niñez víctima del conflicto, así como garantizar el acceso a programas de acompañamiento psicosocial, educación y protección.
El informe de la OCHA pone de manifiesto que, pese a los esfuerzos institucionales y los procesos de paz en marcha, la violencia sigue siendo una realidad diaria para miles de niños y niñas en Colombia. Las cifras no solo reflejan un problema de seguridad, sino una crisis humanitaria que amenaza con perpetuar generaciones enteras marcadas por el conflicto armado.
