La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, el INPEC y diversas autoridades locales, puso en marcha un amplio dispositivo de seguridad con el propósito de garantizar el normal desarrollo de las consultas populares e interpartidistas que se realizan en todo el país. Estas jornadas permiten a los partidos y movimientos políticos definir sus representantes y decisiones internas, en preparación para las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.
El operativo cubre los 1.102 municipios del territorio nacional, incluyendo Bogotá, y los 32 departamentos, con presencia en 13.405 puestos de votación, distribuidos entre 7.395 zonas rurales y 6.010 urbanas, donde están habilitadas 19.833 mesas.
Para esta labor, el dispositivo cuenta con 54.370 uniformados, de los cuales 37.537 policías están asignados directamente a los puestos de votación y 16.833 apoyan la seguridad perimetral. La cobertura incluye además 7.659 policías, 1.115 soldados del Ejército, 235 miembros de la Armada, 23 funcionarios del INPEC y 145 puestos mixtos integrados por distintas fuerzas.
Como parte de las medidas preventivas y de control, las autoridades decretaron restricciones en 559 municipios, que incluyen la ley seca, la prohibición del parrillero hombre, y limitaciones al transporte de escombros y gas propano, con el fin de reducir riesgos que puedan afectar el orden público durante la jornada.
El brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, director general de la Policía Nacional, destacó que la institución mantiene como eje estratégico el fortalecimiento de la democracia y la seguridad electoral, reafirmando su compromiso de garantizar que los procesos se desarrollen en un entorno libre, participativo y en paz.
Además, la Policía Nacional monitorea en tiempo real el avance de la jornada desde el Puesto de Mando Integrado (PMI), ubicado en la Dirección General y conectado con todas las regiones del país. Este sistema permite reaccionar de manera inmediata ante cualquier eventualidad que pueda alterar la tranquilidad ciudadana, consolidando así la confianza de los colombianos en las instituciones y en el ejercicio democrático.
