La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria formal contra varios funcionarios de la Alcaldía de San José del Guaviare y de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), por presuntas irregularidades relacionadas con la tala de 91 árboles en el marco de un contrato de obra pública para la reconstrucción y adecuación de bahías de estacionamiento en el casco urbano de esa ciudad.
Los funcionarios involucrados son el secretario de Planeación, Ariel Mosquera Morales; la secretaria jurídica del municipio, Enith Milena Marchena Ortega; y el director seccional de la CDA, Néstor Felipe Esponda Moreno. Según el ente de control, las acciones de estos servidores podrían haber violado la normativa ambiental y de tránsito terrestre vigente, al permitir la tala masiva de especies arbóreas sin cumplir con los debidos procesos técnicos y legales.
De acuerdo con la Procuraduría, la autorización de esta tala se habría formalizado mediante una resolución oficial en el marco del contrato, lo que despierta dudas sobre la legalidad del procedimiento y la coordinación institucional entre la administración local y la autoridad ambiental.
Asimismo, la Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare compulsó copias del expediente a la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Vigilancia Administrativa, con el fin de determinar la posible responsabilidad del alcalde de San José del Guaviare, Willy Alejandro Rodríguez Rojas, quien fue el encargado de firmar el contrato en cuestión.
Este caso ha generado preocupación en los sectores ambientales, ya que el departamento del Guaviare es uno de los más golpeados por la deforestación en el país. Según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), esta región es considerada un epicentro de pérdida de bosque debido a factores como la ganadería extensiva, el acaparamiento de tierras y los cultivos ilícitos.
Aunque el IDEAM reportó una leve disminución en la tasa de deforestación durante 2023, plataformas internacionales como Global Forest Watch señalan que solo el municipio de San José del Guaviare perdió cerca de 191 mil hectáreas de cobertura arbórea entre 2001 y 2024. Por su parte, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) y medios especializados como Mongabay Latam han advertido sobre un nuevo repunte de la deforestación en 2024, impulsado por incendios forestales y la expansión de la frontera agrícola.
Con esta investigación, la Procuraduría busca establecer si las decisiones adoptadas por los funcionarios locales contribuyeron a agravar el deterioro ambiental urbano y si se incumplieron las normas que protegen los ecosistemas del Amazonas colombiano, una región ya altamente vulnerable ante la presión humana y el cambio climático.
