Varios proyectos ejecutados por la Gobernación del Magdalena en la ciudad de Santa Marta se encuentran bajo la lupa de la Secretaría de Planeación Distrital, debido a la falta de licencias y permisos exigidos por la ley, situación que ha llevado a la suspensión de sus actividades. Esta irregularidad ha provocado un nuevo enfrentamiento entre las autoridades distritales y el gobierno departamental, que se acusan mutuamente por la parálisis de las obras.
Según la administración distrital, los trabajos no cuentan con los trámites legales requeridos para operar dentro del territorio. “Quieren hacer lo que les da la gana, pero primero está la ley. No tienen permiso, no autorizamos ninguna obra”, señalaron fuentes del Distrito, insistiendo en que las intervenciones sin licencias vulneran las normas urbanísticas vigentes.
Por su parte, la gobernadora encargada, Ingris Padilla, responsabilizó al Distrito de obstaculizar el avance de los proyectos mediante lo que calificó como “trabas administrativas”. Además, anunció que la Gobernación presentará denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, argumentando que la suspensión de los trabajos afecta directamente la culminación de pavimentaciones y obras menores del programa Mi Calle.
Fuentes oficiales confirmaron que Planeación e Infraestructura Distrital adelantan una revisión detallada de todos los frentes de trabajo para determinar cuáles cuentan con los permisos correspondientes. De momento, solo 25 proyectos han sido avalados; el resto permanece suspendido mientras se verifican los requisitos técnicos y jurídicos.
Entre los casos más críticos figura el del sector de El Líbano, donde la instalación de tuberías habría invadido un predio privado, generando una acción de nulidad por parte del propietario. Esta disputa legal amenaza con retrasar indefinidamente la ejecución del proyecto. En La Paz, por su parte, se denuncia que maquinaria de la Gobernación intervino una vía que ya contaba con un proceso de pavimentación aprobado por el Distrito, lo que ha generado confusión entre la comunidad.
Mientras tanto, la Gobernación insiste en que las obras buscan mejorar la calidad de vida de los samarios y lamenta que los conflictos administrativos se traduzcan en demoras que afectan directamente a la ciudadanía. El Distrito, en cambio, reitera que no permitirá la continuidad de ningún proyecto que no cumpla con la ley.
