Una red internacional de trata de personas que operaba desde Colombia hacia el Reino de Baréin, en Medio Oriente, fue desmantelada por las autoridades. Un juez dictó medida de aseguramiento contra tres presuntos responsables: una pareja de origen venezolano y un ciudadano colombiano, quienes, según la investigación, habrían engañado a varias mujeres con falsas ofertas laborales para luego explotarlas sexualmente en el extranjero.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los detenidos —identificados como Keila Eddymar Strubinger Pelayo, Wluender Sneylbert Araque Rojas y Enrique Quijano Ramírez— lideraban la estructura criminal que reclutaba a las víctimas principalmente en Cali (Valle del Cauca) y Pereira (Risaralda). A las mujeres les ofrecían apoyo económico, trámites de visa y tiquetes aéreos con la promesa de oportunidades de trabajo en Emiratos Árabes Unidos, pero una vez iniciaban el viaje, el destino final era Baréin, donde eran sometidas a explotación sexual.
Las víctimas, al llegar a ese país, eran despojadas de sus pasaportes, vigiladas constantemente y forzadas a ejercer actividades sexuales bajo amenazas y coacciones. Los tratantes les imponían supuestas deudas superiores a 10.000 dólares, que debían “pagar” mediante la prostitución. Si intentaban escapar o denunciar, eran intimidadas con el argumento de que serían detenidas por las autoridades de Baréin por ejercer actividades ilegales.
El caso salió a la luz luego de una investigación que documentó al menos tres hechos ocurridos entre julio de 2023 y octubre de 2025, los cuales permitieron a la Fiscalía y a la Dijín de la Policía Nacional rastrear los movimientos financieros y de comunicación de los implicados.
Tras su captura en Cali, los tres fueron imputados por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir agravado. Ninguno aceptó los cargos. El juez determinó que Strubinger y Araque deberán permanecer recluidos en un centro carcelario, mientras que Quijano Ramírez cumplirá la medida en su lugar de residencia.
Las autoridades continúan investigando si existen más víctimas y cómplices dentro y fuera del país, así como los nexos internacionales de la red que habría operado desde Colombia con destino a varios países del Golfo Pérsico. La Fiscalía reiteró su llamado a denunciar este tipo de delitos y recordó que las víctimas de trata de personas pueden recibir atención integral y protección del Estado colombiano.
