La Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, anunció la apertura de una actuación preventiva ante la profunda crisis social y humanitaria que atraviesa el pueblo arhuaco, comunidad indígena asentada en la Sierra Nevada de Santa Marta, cuyos derechos fundamentales llevan años siendo vulnerados por la falta de gobernanza interna y la inacción de diversas entidades del Estado.
Durante una visita técnica y de verificación en terreno, el ente de control pudo constatar la interrupción prolongada de servicios esenciales como salud, educación, alimentación, agua potable y saneamiento básico. Esta situación se deriva, principalmente, de la suspensión del registro del representante legal del pueblo arhuaco desde 2021, hecho que ha bloqueado la gestión y ejecución de recursos públicos dirigidos a la atención de esta comunidad ancestral.
El diagnóstico de la Procuraduría revela un panorama alarmante: más de 2.000 mujeres gestantes han quedado sin acceso a los programas de atención y acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); alrededor de 5.000 niños no cuentan con la garantía de alimentación diferencial; y más de 500 jóvenes han visto truncadas sus oportunidades de ingresar a programas de becas o estudios superiores debido a la falta de certificaciones institucionales. A esto se suma que numerosos recién nacidos no han podido ser registrados oficialmente, lo que les impide acceder a derechos básicos como la salud o la educación.
La Procuraduría subrayó que la parálisis administrativa provocada por la falta de un liderazgo legítimamente reconocido dentro del pueblo arhuaco ha tenido un impacto directo y devastador sobre las condiciones de vida de toda la comunidad. “Nos encontramos ante un caso de afectación estructural y sostenida de derechos fundamentales, donde la ausencia de soluciones institucionales ha profundizado la desigualdad y el riesgo social”, indicó el órgano de control.
En el marco de sus competencias, la Procuraduría requirió a diversas entidades nacionales y territoriales —entre ellas los ministerios del Interior, Hacienda, Salud y Protección Social, Educación Nacional, Vivienda, Ciudad y Territorio, además del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el ICBF, y las gobernaciones del Cesar, Magdalena y La Guajira— que informen con urgencia las acciones concretas e inmediatas adoptadas para atender a la población afectada y garantizar la continuidad de los servicios básicos. También se incluyó en el requerimiento a los municipios con presencia arhuaca, muchos de los cuales no han podido ejecutar proyectos sociales ni sanitarios desde hace más de tres años.
El ente de control advirtió que esta situación representa una violación directa del goce efectivo de derechos fundamentales, especialmente de niños, adolescentes, mujeres gestantes y adultos mayores, grupos que requieren atención prioritaria por su especial condición de vulnerabilidad. Recordó además que el Estado colombiano, conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, está obligado a garantizar la protección de las comunidades indígenas bajo principios de progresividad, no regresividad y enfoque diferencial, sin que las diferencias internas sean excusa para la omisión institucional.
Por otro lado, la Procuraduría manifestó su preocupación por los efectos culturales y sociales que esta crisis ha tenido sobre el tejido comunitario arhuaco, señalando que la falta de gobernanza y de acceso a recursos ha afectado también el legado espiritual y organizativo que caracteriza a este pueblo ancestral, considerado uno de los guardianes de la Sierra Nevada y del equilibrio ambiental del país.
El organismo de control anunció que mantendrá una presencia permanente en el territorio y ejercerá un seguimiento continuo a las respuestas institucionales, con el propósito de asegurar la coordinación interinstitucional entre los diferentes niveles de gobierno. La Procuraduría reafirmó que continuará acompañando al pueblo arhuaco hasta garantizar la plena restitución de sus derechos, la reactivación de los programas sociales suspendidos y la restitución de su estructura de gobernanza, con el fin de devolverle a esta comunidad la dignidad, la autonomía y las condiciones básicas para su bienestar y supervivencia cultural.
