El panorama de seguridad en Colombia enfrenta una grave alerta: los grupos armados ilegales han incrementado su presencia en un 20%, según cifras oficiales. En 2018, el Clan del Golfo contaba con unos 3.500 integrantes, pero actualmente esa cifra se ha disparado hasta los 9.000, consolidando su dominio en varias regiones del país.
Este aumento revela que la política de Paz Total, impulsada por el gobierno, no ha logrado frenar el crecimiento ni la capacidad operativa de estas organizaciones. De hecho, al sumar las estructuras del Clan del Golfo con las disidencias de las FARC y otros grupos armados, se estima que en Colombia operan alrededor de 18.000 combatientes ilegales, muchos de ellos con control territorial consolidado en zonas rurales y estratégicas.
La expansión de estas estructuras criminales plantea un enorme desafío para el próximo gobierno, que deberá enfrentar no solo la tarea de reforzar la seguridad, sino también de recuperar la presencia institucional en los territorios dominados por la violencia.
Expertos advierten que para revertir esta tendencia no bastará con la acción militar. Será clave impulsar la implementación efectiva del Acuerdo de Paz de 2016, fortalecer la inteligencia estratégica, y abrir espacios de diálogo y negociación realistas, en los que la presencia del Estado garantice oportunidades económicas y sociales que reduzcan el reclutamiento y el control armado sobre las comunidades.
El aumento de la criminalidad organizada evidencia que Colombia sigue enfrentando una guerra fragmentada, donde la disputa por rentas ilegales y el vacío de autoridad estatal continúan alimentando la expansión de la violencia.
