La Alta Consejera para la Paz y el Posconflicto de Santa Marta, Jennifer Del Toro, respondió enérgicamente al presidente Gustavo Petro luego de que, durante el acto por el Día Nacional de la Policía, el mandatario asegurara que la ciudad estaba “a merced de los paracos”. A través de un comunicado público, Del Toro reprochó los señalamientos y le recordó al jefe de Estado que se trata de los mismos grupos con los que su propio Gobierno inició diálogos hace más de tres años, reconociéndoles estatus de representantes y solicitando suspensión de órdenes de captura.
Del Toro también subrayó que tanto la administración del alcalde Carlos Pinedo Cuello como la Consejería de Paz han respaldado la política nacional de paz de forma consistente, a diferencia —según indicó— de anteriores gobiernos de Fuerza Ciudadana, a los cuales señaló de obstaculizar dichos procesos “quizá por temor a la verdad”. En su comunicado, la funcionaria recalcó además que en los años 2011, 2015 y 2019, los candidatos Carlos Caicedo, Rafael Martínez y Virna Johnson resultaron electos con votaciones significativas en zonas con fuerte influencia paramilitar.
La consejera sostuvo que la situación de seguridad en Santa Marta y el Magdalena debe analizarse con objetividad, pues actualmente la región es escenario de una disputa entre dos Grupos Armados Organizados: el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, cuyo control territorial se extiende también hacia La Guajira, el Cesar y algunas áreas del Atlántico. Frente a este panorama, recordó que el respaldo del Distrito a la política de paz del Gobierno Nacional estuvo sustentado en dos compromisos: el sometimiento real de las estructuras criminales y la llegada de inversiones nacionales para transformar las condiciones sociales que alimentan el conflicto.
No obstante, Del Toro señaló que a seis meses de un nuevo periodo presidencial, dichas promesas no se han materializado. Afirmó que las recomendaciones formuladas por la Alcaldía durante dos años para encauzar los diálogos no han sido escuchadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
En el documento, la funcionaria también presentó una serie de solicitudes al Gobierno Nacional:
A. Fortalecer a la fuerza pública y a la Fiscalía en Santa Marta para garantizar el control territorial y la defensa del Estado Social de Derecho.
B. Crear un mecanismo independiente de verificación y seguimiento a los acuerdos derivados de las mesas sociojurídicas de paz en la Sierra Nevada.
C. Cumplir con la instrucción presidencial de ejecutar inversiones coordinadas e integrales para atender las causas estructurales de la violencia.
Del Toro advirtió que tanto ella como la Administración Distrital han informado oportunamente a la Presidencia y al equipo del Alto Comisionado sobre hechos graves que hoy también denuncia la ONU, relacionados con tratos crueles, inhumanos y degradantes contra jóvenes de sectores vulnerables de la ciudad. Según indicó, estos reportes tampoco han recibido la atención necesaria por parte del Gobierno Nacional.
