El futuro de la cárcel Rodrigo de Bastidas vuelve a generar inquietud en Santa Marta. En una reciente plenaria del Concejo Distrital, los cabildantes expresaron su inconformidad por la ausencia de información y de decisiones concretas por parte del Ministerio de Justicia frente al eventual traslado del centro penitenciario de mediana seguridad. Según afirmaron, el Gobierno Nacional no ha entregado claridad sobre los aspectos técnicos, financieros o logísticos del proyecto, lo que mantiene a la ciudad sin una ruta definida para avanzar.
La sesión tuvo lugar con la presencia de la secretaria de Planeación, Patricia Caicedo, y varios funcionarios del Distrito, ante quienes los concejales reiteraron que esta responsabilidad no puede recaer únicamente sobre Santa Marta. Caicedo insistió en que el traslado de la cárcel es un compromiso que debe asumirse con recursos y acompañamiento del Gobierno Nacional, tal como ha ocurrido con otros proyectos ejecutados en articulación con distintas carteras ministeriales. “La ciudad no puede, desde su presupuesto ni desde sus capacidades, asumir sola esta carga. Para avanzar, es indispensable la voluntad política del nivel central”, aseguró.
En esa misma línea, el presidente del Concejo, Pedro Gómez Añez, recordó que las decisiones sobre infraestructura penitenciaria corresponden al Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente, el Ministerio de Justicia y el Inpec. Señaló que ni el alcalde ni la administración distrital tienen la competencia para determinar la reubicación de un penal por sí solos. “No podemos decir simplemente que la cárcel se va a trasladar a Mamatoco o a Gaira. Son decisiones de política nacional que deben venir claramente desde Bogotá”, apuntó.
El cabildante lamentó la falta de comunicación del Ministerio de Justicia, especialmente cuando existe una acción popular en curso ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, impulsada por ciudadanos que solicitan el cumplimiento del traslado ya contemplado. Recordó además que el Plan de Ordenamiento Territorial aprobado en 2020 incluyó formalmente la reubicación de la cárcel Rodrigo de Bastidas, lo que demuestra que el Distrito ha avanzado en lo que le corresponde.
Gómez Añez enfatizó que como samario tiene el deber de exigir que el Gobierno Nacional explique qué decisiones se están tomando y cuál será el destino del establecimiento penitenciario. “Lo que vemos hoy es una preocupante indiferencia del nivel central hacia un tema que afecta directamente a la ciudad”, concluyó.
