El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó al Gobierno nacional tomar medidas urgentes frente a la grave crisis humanitaria y de seguridad que se vive en los municipios del sur de Bolívar y Magdalena, donde informes oficiales han alertado una acelerada expansión de grupos armados ilegales. La decisión se produjo tras estudiar una acción popular radicada por la Fundación para el Estado de Derecho, que denunció el deterioro del orden público y la vulneración de derechos colectivos.
Como medida cautelar, el tribunal exigió al presidente Gustavo Petro convocar, en un plazo máximo de diez días, una reunión interinstitucional en la que participen entidades nacionales y autoridades locales, con el fin de estructurar un Plan Inmediato de Acción Interinstitucional orientado a responder de forma coordinada a la crisis. La orden judicial subraya la necesidad de garantizar asistencia humanitaria, restablecer la seguridad y adoptar estrategias que frenen el avance de estructuras ilegales como el Clan del Golfo, el ELN, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia.
La acción popular recordó que la región ha sido escenario de desplazamientos masivos y control territorial ejercido por estos grupos, situación que ha sido documentada por alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, reportes de la ONU y comunicaciones del gobernador de Bolívar. Todos coinciden en señalar un riesgo creciente y extremo para las comunidades rurales.
El tribunal concluyó que la falta de respuestas oportunas por parte del Estado ha permitido que las agresiones persistan, afectando directamente derechos como la paz, la seguridad y el uso del espacio público. La gravedad quedó evidenciada con la alerta emitida por la Defensoría el 10 de octubre de 2025, que reporta más de 24.000 personas afectadas entre Santa Rosa del Sur, Montecristo, Arenal del Sur, Cantagallo, Morales y Río Viejo. La medida busca que el Gobierno adopte acciones inmediatas, coordinadas y efectivas para frenar la crisis que golpea a miles de familias en esta zona del país.
