Al menos 250 personas han tenido que abandonar sus hogares en la región del Catatumbo, mientras que cerca de 6.000 habitantes se encuentran en riesgo de confinamiento y desplazamiento forzado, como consecuencia de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC, informó el Consejo Noruego para Refugiados (NRC).
De acuerdo con la organización humanitaria, en las últimas horas unas 250 personas desplazadas llegaron a las ciudades de Cúcuta y Ocaña, en el nororiente del país, tras huir de la violencia que se intensifica en esta zona de Norte de Santander.
El NRC advirtió además que alrededor de 6.000 personas podrían quedar confinadas o verse obligadas a desplazarse ante la posibilidad de nuevas acciones armadas en el territorio.
La región atraviesa desde mediados de enero una grave emergencia humanitaria, producto de la confrontación entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, que se disputan el control territorial y las economías ilegales. Esta situación ha dejado cerca de un centenar de muertos y ha provocado el desplazamiento de miles de campesinos, muchos de los cuales no han podido regresar a sus tierras debido a la persistencia del conflicto.
“El temor entre las comunidades es constante. Muchas familias están huyendo para proteger sus vidas y requieren ayuda humanitaria urgente”, afirmó Giovanni Rizzo, director del NRC en Colombia, quien también alertó que la cifra de afectados podría aumentar si no se garantiza la protección de la población civil.
Según el informe, los desplazados recientes provienen principalmente de los municipios de Tibú y El Tarra. La situación es especialmente crítica en Tibú, donde se ha advertido un alto riesgo de confinamiento y desplazamiento de más de 6.000 personas en el corregimiento de Pachelly.
El Catatumbo, conformado por municipios como Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una zona históricamente golpeada por el conflicto armado, pese a su riqueza natural, y presenta altos niveles de pobreza y rezago social.
De acuerdo con cifras de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), cerca de 200.000 personas podrían verse afectadas este año por el recrudecimiento del conflicto armado en la región, lo que representa a más de la mitad de la población de estos municipios.
Ante este panorama, el NRC hizo un llamado al Estado colombiano para que garantice atención y protección inmediata a las comunidades, y exhortó a los grupos armados a respetar a la población civil.
