Un juez de la República declaró en desacato a la gobernadora del Magdalena, María Margarita Guerra Zúñiga, y a la secretaria de Hacienda departamental, Denis Rangel Lozano, por el incumplimiento de una orden judicial relacionada con el giro de recursos destinados al funcionamiento de la Asamblea Departamental durante la vigencia presupuestal 2025.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Depuración de Santa Marta, luego de constatar que, pese a varios requerimientos judiciales, la Gobernación del Magdalena no efectuó el traslado oportuno de los recursos financieros ordenados mediante una acción de tutela.
En el análisis del caso, el despacho judicial determinó que la gobernadora tenía la responsabilidad directa de garantizar el cumplimiento de la orden, en su calidad de superior jerárquica de la Secretaría de Hacienda. El juez concluyó que existió una omisión por parte de la administración departamental al no adoptar las medidas necesarias para asegurar el giro de los recursos, situación que afectó de manera grave el funcionamiento administrativo y operativo de la Asamblea Departamental.
De igual forma, el juzgado consideró responsable a la secretaria de Hacienda, al evidenciarse la falta de gestiones administrativas necesarias para autorizar y ejecutar el desembolso de los dineros requeridos. Según el fallo, la inacción de ambas funcionarias derivó en un incumplimiento claro y reiterado de la orden judicial.
Como consecuencia, el juez impuso a la gobernadora y a la secretaria de Hacienda una sanción de tres días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes. La providencia establece que la medida de arresto deberá cumplirse en las instalaciones del Comando de la Policía Nacional en Santa Marta, conforme a los procedimientos legales.
La no transferencia de los recursos ha tenido impactos directos en la situación laboral y administrativa de la Asamblea Departamental del Magdalena. De acuerdo con lo expuesto dentro del proceso, a la fecha no se han realizado los pagos correspondientes a cesantías y otras prestaciones sociales de empleados y diputados, lo que ha comprometido el mínimo vital de los trabajadores y ha generado serias dificultades para el normal desarrollo de las funciones legislativas y administrativas de la corporación.
