El presidente Gustavo Petro anunció una reestructuración de la estrategia antidrogas, anunciando que Colombia dejará de usar los reportes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para monitorear cultivos de coca. Según el gobierno, los datos internacionales no reflejan de manera precisa la realidad del país, por lo que se implementarán métodos propios de control y monitoreo a través de satélites y sistemas de inspección nacional.
Esta decisión podría generar tensiones diplomáticas, especialmente con Estados Unidos, que ha sido uno de los principales socios en programas de lucha contra el narcotráfico. El cambio busca, según el gobierno, mejorar la eficiencia en la reducción de cultivos ilegales y priorizar programas de sustitución y desarrollo alternativo para comunidades campesinas.
Expertos advierten que esta estrategia es arriesgada: mientras podría generar datos más precisos y un enfoque más centrado en la población rural, también puede reducir la confianza de la comunidad internacional en las cifras oficiales y complicar la cooperación en programas binacionales o multilaterales. El país queda así en una posición de mayor autonomía, pero con la responsabilidad de demostrar resultados efectivos frente a la producción y tráfico de drogas ilícitas.
