La Fiscalía General de la Nación encendió las alarmas por el crecimiento de una nueva modalidad de extorsión digital que está afectando a ciudadanos en distintas regiones del país. Según las autoridades, delincuentes están suplantando a funcionarios judiciales, fiscales, policías e incluso empresas de mensajería, con el fin de intimidar a sus víctimas y exigirles dinero.
De acuerdo con el ente acusador, los estafadores contactan a las personas por llamadas telefónicas, mensajes de texto o aplicaciones como WhatsApp, informándoles falsamente que están involucradas en procesos judiciales, investigaciones penales o envíos retenidos. Bajo amenazas de captura, multas o procesos legales inexistentes, exigen transferencias inmediatas de dinero a cuentas o billeteras digitales.
La Fiscalía explicó que esta práctica ilegal se apoya en el uso de bases de datos obtenidas de manera fraudulenta, lo que permite a los delincuentes conocer nombres completos, números de cédula y otra información personal, aumentando la credibilidad del engaño.
Las autoridades reiteraron que ninguna entidad judicial solicita pagos por teléfono ni amenaza con capturas sin notificación formal. Por ello, recomendaron no consignar dinero, no entregar datos personales y denunciar de inmediato estos hechos a través de las líneas oficiales.
Finalmente, la Fiscalía confirmó que varias investigaciones están en curso y que se trabaja de manera conjunta con la Policía para identificar a las redes criminales responsables, muchas de las cuales operarían incluso desde centros penitenciarios del país. La Fiscalía General de la Nación encendió las alarmas por el crecimiento de una nueva modalidad de extorsión digital que está afectando a ciudadanos en distintas regiones del país. Según las autoridades, delincuentes están suplantando a funcionarios judiciales, fiscales, policías e incluso empresas de mensajería, con el fin de intimidar a sus víctimas y exigirles dinero.
De acuerdo con el ente acusador, los estafadores contactan a las personas por llamadas telefónicas, mensajes de texto o aplicaciones como WhatsApp, informándoles falsamente que están involucradas en procesos judiciales, investigaciones penales o envíos retenidos. Bajo amenazas de captura, multas o procesos legales inexistentes, exigen transferencias inmediatas de dinero a cuentas o billeteras digitales.
La Fiscalía explicó que esta práctica ilegal se apoya en el uso de bases de datos obtenidas de manera fraudulenta, lo que permite a los delincuentes conocer nombres completos, números de cédula y otra información personal, aumentando la credibilidad del engaño.
Las autoridades reiteraron que ninguna entidad judicial solicita pagos por teléfono ni amenaza con capturas sin notificación formal. Por ello, recomendaron no consignar dinero, no entregar datos personales y denunciar de inmediato estos hechos a través de las líneas oficiales.
Finalmente, la Fiscalía confirmó que varias investigaciones están en curso y que se trabaja de manera conjunta con la Policía para identificar a las redes criminales responsables, muchas de las cuales operarían incluso desde centros penitenciarios del país.
