El Ministerio de Educación Nacional declaró ilegal una práctica que venían aplicando algunos colegios del país, la cual vulnera los derechos fundamentales de los estudiantes y contradice la normativa vigente para el sistema educativo colombiano. La advertencia fue emitida luego de múltiples denuncias de padres de familia y alumnos, quienes alertaron sobre medidas arbitrarias impuestas por algunas instituciones.
Según explicó la cartera educativa, varios colegios estaban condicionando el acceso a clases, evaluaciones o entrega de boletines al pago de cuotas adicionales, compras obligatorias o requisitos administrativos que no están permitidos por la ley. El Ministerio fue enfático en señalar que ningún estudiante puede ser excluido del proceso educativo por razones económicas o por trámites que no estén contemplados en la regulación oficial.
La entidad recordó que la educación es un derecho fundamental y que las instituciones, tanto públicas como privadas, no pueden imponer sanciones que afecten la permanencia escolar, especialmente cuando estas recaen directamente sobre los estudiantes y no sobre los responsables del pago. En ese sentido, reiteró que las deudas económicas deben resolverse por vías administrativas, sin perjudicar el derecho a la educación.
El Ministerio también anunció que se fortalecerán los mecanismos de vigilancia y control para sancionar a los colegios que persistan en estas prácticas. Las instituciones que incumplan podrían enfrentar multas, investigaciones administrativas e incluso la suspensión de licencias de funcionamiento.
Finalmente, la cartera hizo un llamado a los padres de familia y estudiantes a denunciar cualquier irregularidad ante las secretarías de educación o a través de los canales oficiales del Ministerio, asegurando que habrá acompañamiento y protección para quienes se vean afectados por este tipo de situaciones. El Ministerio de Educación Nacional declaró ilegal una práctica que venían aplicando algunos colegios del país, la cual vulnera los derechos fundamentales de los estudiantes y contradice la normativa vigente para el sistema educativo colombiano. La advertencia fue emitida luego de múltiples denuncias de padres de familia y alumnos, quienes alertaron sobre medidas arbitrarias impuestas por algunas instituciones.
Según explicó la cartera educativa, varios colegios estaban condicionando el acceso a clases, evaluaciones o entrega de boletines al pago de cuotas adicionales, compras obligatorias o requisitos administrativos que no están permitidos por la ley. El Ministerio fue enfático en señalar que ningún estudiante puede ser excluido del proceso educativo por razones económicas o por trámites que no estén contemplados en la regulación oficial.
La entidad recordó que la educación es un derecho fundamental y que las instituciones, tanto públicas como privadas, no pueden imponer sanciones que afecten la permanencia escolar, especialmente cuando estas recaen directamente sobre los estudiantes y no sobre los responsables del pago. En ese sentido, reiteró que las deudas económicas deben resolverse por vías administrativas, sin perjudicar el derecho a la educación.
El Ministerio también anunció que se fortalecerán los mecanismos de vigilancia y control para sancionar a los colegios que persistan en estas prácticas. Las instituciones que incumplan podrían enfrentar multas, investigaciones administrativas e incluso la suspensión de licencias de funcionamiento.
Finalmente, la cartera hizo un llamado a los padres de familia y estudiantes a denunciar cualquier irregularidad ante las secretarías de educación o a través de los canales oficiales del Ministerio, asegurando que habrá acompañamiento y protección para quienes se vean afectados por este tipo de situaciones.
