Colombia inició 2026 con un panorama de violencia persistente en varias regiones, marcado por desplazamientos forzados, confinamientos y ataques armados que afectaron de forma directa a comunidades rurales. Durante 2025, numerosas familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares de manera apresurada, utilizando escuelas y espacios comunitarios como refugios temporales, mientras los caminos veredales se convertían en rutas de escape.
Detrás de estas escenas hay cifras que evidencian el fortalecimiento de los grupos armados ilegales. De acuerdo con un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), al cierre de 2025 estas estructuras sumaban más de 27.000 personas, entre combatientes y redes de apoyo, lo que representa un crecimiento cercano al 25% en comparación con el año anterior.
El reporte señala que, lejos de debilitarse, varias organizaciones lograron recomponerse y expandirse, incluso en medio de la estrategia gubernamental de Paz Total, que incluyó mesas de diálogo con algunos de estos actores. El caso más representativo es el del Clan del Golfo, considerado actualmente el grupo armado ilegal con mayor capacidad de expansión.
Según la FIP, esta organización incorporó alrededor de 2.300 nuevos integrantes durante 2025, lo que equivale a un crecimiento del 30% en su estructura. Este aumento le permitió consolidar su presencia en distintas zonas del país, especialmente en regiones estratégicas para el control territorial y las economías ilegales.
El fortalecimiento del Clan del Golfo y de otros grupos armados ha tenido un impacto directo en la población civil, que continúa siendo la más afectada por la disputa armada. Analistas advierten que estas cifras plantean serios retos para la política de seguridad y para los procesos de negociación, en un contexto donde la violencia sigue marcando la vida cotidiana de miles de colombianos.
