El Gobierno Nacional estimó en cerca de $8 billones el costo de la emergencia generada por las inundaciones en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar, una cifra que —según el Ministerio de Hacienda— supera la capacidad presupuestal ordinaria del Estado.
El cálculo fue presentado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante la segunda jornada del Consejo de Ministros realizada en Montería. Allí explicó que la magnitud de los daños constituye un hecho sobreviniente e impredecible, por lo que el Ejecutivo analiza declarar una nueva Emergencia Económica, Social y Ambiental.
De acuerdo con el funcionario, el Gobierno necesita recursos adicionales para atender la recuperación de las zonas afectadas en medio de un escenario de alta presión fiscal. La eventual declaratoria permitiría adoptar medidas extraordinarias para financiar la reconstrucción.
Entre las alternativas evaluadas está la creación de un impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas, con el objetivo de no impactar a las pequeñas y medianas empresas. La propuesta contempla gravar patrimonios líquidos desde $10.000 millones, con una tarifa de 0,6 % hasta $30.000 millones y de 1,2 % para montos superiores.
Según las proyecciones oficiales, la medida alcanzaría a cerca de 15.000 empresas y permitiría recaudar los recursos necesarios para cubrir los costos estimados de la crisis humanitaria y ambiental en la región Caribe.
El ministro indicó que el Gobierno espera que la Corte Constitucional evalúe la excepcionalidad de la situación al momento de pronunciarse sobre la posible declaratoria de emergencia.
