La negociación entre la Fiscalía General de la Nación y el empresario Carlos Mattos para suspender un proceso relacionado con salidas no autorizadas de la cárcel La Picota continúa generando controversia.
El acuerdo contempla la aplicación de un principio de oportunidad, mediante el cual Mattos entregaría dos camionetas como reparación integral. Según explicó la fiscal del caso, Aida Moreno, los vehículos serían destinados a labores de custodia, logística y transporte de personas privadas de la libertad.
La defensa del empresario sostuvo que no existió fuga ni intención de evadir la justicia, sino una infracción de carácter administrativo. Argumentó además que Mattos, mayor de 70 años, no incurrió en conductas inapropiadas y que el episodio tuvo principalmente un impacto reputacional. En ese contexto, calificó como proporcional la entrega de los vehículos, señalando incluso deficiencias en el parque automotor del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
Los hechos investigados se remontan a 2022, cuando informes periodísticos revelaron que el empresario habría salido de manera irregular de la cárcel La Picota, en vehículos oficiales del Inpec, para dirigirse a su oficina en el norte de Bogotá. En uno de esos desplazamientos fue visto ingresando a su oficina y reuniéndose con su abogado, Iván Cancino.
El caso derivó en la salida del entonces director del Inpec, el general Mariano Botero, y abrió un debate sobre los controles internos en el sistema penitenciario.
