La administración distrital de Santa Marta solicitó al Gobierno Nacional la adopción de medidas coherentes, verificables y articuladas que permitan superar la crisis del Tayrona, señalando que la situación actual refleja la convergencia de factores ambientales, de seguridad y económicos.
La Alta Consejería para la Paz del Distrito advirtió que varias entidades nacionales actúan simultáneamente sobre el mismo territorio sin una conducción unificada. Según la entidad, mientras el Ministerio de Defensa atribuye hechos delictivos y el cierre del parque a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz adelanta con ese mismo grupo un proceso sociojurídico.
De manera paralela, Parques Nacionales Naturales de Colombia dispuso el cierre indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona mediante la Resolución 091 del 17 de febrero. A su vez, el Ministerio de Ambiente instaló un Puesto de Mando Unificado Ambiental, mientras el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo convocó una mesa de trabajo interinstitucional.
El Distrito indicó que la fragmentación institucional ha generado incertidumbre jurídica, económica y social. La Consejería Distrital subrayó que la inversión pública anunciada para la transformación territorial de comunidades campesinas aún no se ha materializado, lo que, a su juicio, profundiza la percepción de inestabilidad en la región.
El impacto económico del cierre ya es visible. De acuerdo con cifras de Cotelco Magdalena, el parque moviliza cerca de 330 mil millones de pesos anuales. Operadores turísticos, guías y hoteles del corredor turístico reportan pérdidas tras varios días sin actividad.
Los hechos recientes también reactivaron las preocupaciones en materia de seguridad. La Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 020 de 2025 sobre riesgos en la Sierra Nevada. Aunque se firmó un Acuerdo Marco dentro del Espacio de Conversación Sociojurídico con las ACSN, el Ministerio de Defensa reiteró advertencias sobre presuntas extorsiones, amenazas y desplazamientos.
La administración distrital insistió en que la solución requiere una postura estatal clara y coordinada que garantice la seguridad, la estabilidad económica y los derechos de las comunidades.
