El Gobierno Nacional expidió cinco decretos con los que busca responder a la actual emergencia invernal que impacta a varias regiones del país. Entre las decisiones adoptadas, uno de los actos administrativos ha generado especial atención debido a sus implicaciones en materia de contratación pública durante el periodo electoral.
Se trata del Decreto 0175 de 2026, mediante el cual se habilitan medidas excepcionales que permiten a las entidades estatales adelantar procesos de contratación directa, aun en vigencia de la Ley de Garantías. Esta normativa, en condiciones ordinarias, restringe la celebración de ciertos contratos para evitar el uso político de recursos públicos en época electoral.
El decreto establece que las entidades públicas podrán prescindir de licitaciones y acudir a mecanismos abreviados para la adquisición de bienes, servicios, obras y logística, siempre que dichas actuaciones estén directamente relacionadas con la atención de la emergencia ambiental derivada de la ola invernal.
Asimismo, la disposición autoriza la adición de contratos sin aplicar el límite tradicional del 50 %, criterio que normalmente rige en Colombia para la modificación de acuerdos estatales. Según el texto, esta flexibilización se justifica en la necesidad de garantizar respuestas oportunas frente a las afectaciones causadas por las lluvias.
Las medidas cobijan a los departamentos de Córdoba, Cauca, Chocó, Antioquia, Nariño, Bolívar, Magdalena y La Guajira, territorios donde se han reportado daños en infraestructura, movilidad, viviendas y servicios básicos.
El Gobierno ha señalado que estas decisiones buscan agilizar la ejecución de recursos y evitar retrasos administrativos en la atención de la emergencia, mientras distintos sectores advierten sobre la importancia de mantener controles y mecanismos de vigilancia que garanticen la transparencia en el uso del erario.
