Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el fiscal 19 seccional antinarcóticos, Leopoldo Eduardo Montes Dávila, y los patrulleros de la Sijín de la Policía Metropolitana de Santa Marta, Javier Tapias Madera y Wladimir José Sanjuan Márquez, señalados de su presunta participación en la incautación irregular de una mercancía y la exigencia de dinero para su devolución.
La decisión fue tomada luego de que el togado analizara el material probatorio recopilado por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y de la Sijín de la Policía Nacional, el cual vincularía a los implicados con los hechos en investigación.
Detalles del caso
Según la investigación, los funcionarios habrían utilizado sus cargos para interceptar un tractocamión que transportaba 15 motores importados desde la zona portuaria con destino a Medellín. El procedimiento se realizó el 24 de enero en jurisdicción de Bosconia, Cesar, y el vehículo fue trasladado posteriormente a un parqueadero.
Al día siguiente, el fiscal Montes Dávila habría emitido un oficio ordenando que tanto el camión como la carga quedaran a disposición de su despacho, argumentando posibles vínculos con narcotráfico y contrabando.
Las autoridades establecieron que, tras la incautación, el propietario de la mercancía sostuvo varios encuentros con los hoy procesados, en los cuales presuntamente le exigieron inicialmente cerca de 300 millones de pesos para devolverle los motores. Posteriormente, la suma habría sido reducida a 100 millones de pesos.
De igual forma, se indicó que el fiscal habría asumido un caso fuera de su competencia y, para darle apariencia de legalidad a su actuación, habría incorporado el procedimiento dentro de un proceso que ya se encontraba en curso por hechos distintos.
El proceso judicial continúa mientras se define la responsabilidad de los implicados en este escándalo que involucra a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
