El presidente Gustavo Petro anunció que sostendrá una conversación con el papa León XIV con el propósito de impulsar una campaña internacional orientada a la protección de las comunidades campesinas beneficiarias de la Reforma Agraria, ante las denuncias de amenazas y hechos de violencia registrados en diferentes regiones del país.
El mandatario manifestó su preocupación por los recientes casos de intimidación y agresiones contra familias campesinas que han recibido tierras a través de los programas de adjudicación impulsados por el Gobierno Nacional mediante la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Según el jefe de Estado, la iniciativa buscará visibilizar ante la comunidad internacional la situación que enfrentan numerosos beneficiarios de la Reforma Agraria y fortalecer las acciones de protección para las comunidades rurales.
El presidente aseguró que durante las últimas semanas se han conocido denuncias relacionadas con amenazas contra campesinos asentados en predios entregados por el Estado, situación que, según indicó, representa un riesgo para la continuidad de los procesos de redistribución de tierras.
De acuerdo con las declaraciones del mandatario, las autoridades cuentan con información preliminar sobre presuntos responsables de estos hechos, quienes estarían vinculados a estructuras criminales interesadas en recuperar el control de tierras actualmente incorporadas a los programas de reforma agraria.
Las denuncias se conocen luego de varios reportes realizados por la Agencia Nacional de Tierras en distintas regiones del país, donde beneficiarios de programas de acceso a la tierra han manifestado ser víctimas de amenazas e intimidaciones.
Uno de los casos señalados por las autoridades ocurrió en la vereda Caño Nare, en el municipio de Puerto López, Meta, donde una familia beneficiaria de la Reforma Rural Integral denunció haber sido objeto de amenazas por parte de hombres armados que exigían el abandono del predio que actualmente ocupan.
Asimismo, la Agencia Nacional de Tierras informó sobre situaciones similares registradas en la Hacienda La Palmira, en el departamento de Córdoba, donde campesinos beneficiarios han denunciado presiones y amenazas.
De igual manera, se reportaron hechos que afectan a integrantes del consejo comunitario Zabaletas, en el municipio de Tuluá, así como amenazas dirigidas contra un contratista de la entidad en Antioquia.
El presidente Petro señaló que la protección de las comunidades campesinas constituye una prioridad para su administración y aseguró que se mantendrán las acciones encaminadas a garantizar el acceso a la tierra y la permanencia de las familias beneficiarias en los predios adjudicados.
La Reforma Agraria ha sido uno de los principales ejes de la política rural del actual gobierno, orientada a facilitar el acceso a la tierra para campesinos, comunidades rurales y poblaciones históricamente excluidas del desarrollo agrario.
No obstante, diversos sectores han advertido sobre los riesgos de seguridad que enfrentan algunas comunidades beneficiarias, especialmente en zonas donde persisten disputas por la propiedad de la tierra y la presencia de estructuras criminales.
El Gobierno Nacional reiteró que continuará trabajando en coordinación con las autoridades y las instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos para garantizar la seguridad de las comunidades campesinas y la continuidad de los procesos de reforma rural en el país.
